sábado, 17 de febrero de 2007

Agua: ¿escasez o abundancia en el municipio de Allende?

Más de 10 millones de mexicanos no tienen servicio de agua potable y más de 14 millones no cuentan con servicio de alcantarillado, ubicándose principalmente en la zona rural, en las ciudades más pequeñas y en las zonas periféricas de las áreas metropolitanas. Casi 5 millones de ellos viven en comunidades predominantemente indígenas y de alta marginación, situación que se relaciona con las disparidades regionales, la pobreza y los índices de salubridad.[1]

La mayoría de los organismos operadores del servicio público presentan deficiencias administrativas, financieras y operativas, lo que provoca altos niveles de agua no contabilizada y baja recaudación, así como, costos de operación que, en general, no cubren los costos de prestar el servicio y un rango de tarifas a nivel nacional muy variable.

La disponibilidad del recurso hídrico depende de la precipitación que está desigualmente distribuida y estacionalmente concentrada. Más del 80% se usa en la agricultura. Hay una fuerte contradicción en el sector de agua potable y saneamiento, ya que los organismos operadores son los principales “usuarios” del agua ya que extraen importantes volúmenes de fuentes superficiales y subterráneas y a la vez descargan una gran cantidad de aguas residuales, tratadas o no, a esos mismos cuerpos de agua.

De los 653 acuíferos con que cuenta el país, se estima que 104 están siendo sobre explotados. Algunos cuerpos de agua superficiales están siendo utilizados por encima de su capacidad, principalmente para actividades agrícolas. A esto se agrega que muchos de éstos se encuentran contaminados con descargas de aguas residuales domésticas e industriales sin el debido tratamiento previo. CONAGUA estima que solo se da tratamiento al 35% de las aguas residuales generadas y recolectadas en el país.

Guanajuato es el estado de la República Mexicana que encabeza la lista con el mayor número de acuíferos sobreexplotados, entre los que destaca el acuífero de la Cuenca de la Independencia. Es una cuenca con una altura mayor que los sistemas acuíferos vecinos por lo que la recarga de la cuenca queda limitada prácticamente a lo que pueda captar de la precipitación directa sobre ella, donde una de las regiones de mayor explotación es San Miguel de Allende.[2] La agricultura utiliza 85% del agua que se extrae del acuífero granular de origen lacustre.

La ciudad de San Miguel de Allende fue un centro urbano colonial importante con una economía basada en la producción agropecuaria, industrial y artesanal que dependía de la abundancia de agua que fluía de numerosos manantiales y arroyos permanentes que se originaban en la parte alta de la ciudad hacia el oriente.

Los Manantiales ubicados en la Cañada del Atascadero se fueron secando a partir de que inicia en los años 60 la perforación de pozos para satisfacer el crecimiento de la Ciudad. En 1993 se secó el Chorro, manantial que durante más de 450 años abasteció a la ciudad de agua para uso doméstico y para regar sus productivas milpas y huertas. Desde entonces, el proceso de explotación del acuífero de San Miguel ha seguido a pesar de los innumerables estudios sobre su situación crítica y vedas a la perforación de pozos.

Según el Ing. Jaramillo Director del SAPASMA, el consumo de agua actualmente está muy por debajo de la capacidad de los pozos que la surten, por lo que se justifican las factibilidades de agua que SAPASMA viene otorgando en el último y que tanto preocupan a la ciudadanía. No obstante, el acuífero del Río Laja presenta un déficit de 110 millones de m3 de recarga, con un descenso de entre 1 y 1.5 metros de su volumen al año, y el Acuífero de San Miguel un déficit de 10 millones de m3.

La ciudad cuenta con 15 pozos que actualmente administra el SAPASMA con una capacidad anual de más de 9 millones de m3 que se incrementará a 10 millones y medio con la incorporación al sistema de 5 pozos más en los próximos dos años. Las 10 000 tomas de agua que existían en 1995 en la ciudad se han incrementado en los últimos 10 años a 21 432, con lo que estaría cubierto más del 90% de las necesidades de este servicio. En relación al alcantarillado, dijo que con la ampliación del colector de aguas residuales a 16.3 Km., prácticamente toda las aguas negras de la ciudad están entubadas.

Expuso que hay un problema de distribución del agua en la ciudad ya que en la parte baja hay mucha y en la alta menos. Que se pretende potabilizar el agua de la Presa Allende para asegurar el servicio a futuro, aunque existen dos focos rojos de contaminación de la presa, la fábrica de quesos La Esmeralda y el rastro municipal. En cuanto a la contaminación del agua de los pozos mencionó que no es grave y que la planta de tratamiento de agua de SMA está diseñada con la más alta tecnología que su capacidad máxima de tratamiento es de 240 litros por segundo pero que se está empleando a la mitad.

Sin embargo, la situación del agua en el municipio no puede ser vista a la luz de lo que ocurre en la cabecera municipal, aún dando crédito a lo expuesto por el Ing. Jaramillo, ya que el municipio está conformado además por 539 comunidades rurales (68 500 habitantes), cuyo acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado dista mucho de lo ocurre en la ciudad.

Sabemos que hay muchas comunidades que no cuentan con estos servicios y colonias en la propia ciudad que tampoco los tienen, que presentan altos índices de marginalidad como se menciona en el diagnóstico nacional y que justamente representan el déficit de cobertura del SAPASMA, cuyo porcentaje no pudo precisar.

El director del SAPASMA, no dio a conocer la suma total de las tomas aprobadas en el último año, cuántas de ellas se ubican donde menos agua hay, cuánta agua se planea bombear de la parte baja y a qué costo. Más aún, cuántas tomas se sumarán a éstas dada la cantidad de proyectos residenciales que faltan de aprobar y cuyos permisos están en proceso y el impacto que tendrán la configuración urbana de todo el municipio.

Tampoco mencionó que la aprobación de la mayor parte de los fraccionamientos tanto en la zona urbana como fuera de ella (vasta ver la carretera a Dolores) se hizo durante su corta administración como presidente interino, lo que implicó un exceso de cambios de uso de suelo, en detrimento de zonas de reserva ecológica, de zonas verdes, de zonas de recarga de los acuíferos, de tala de árboles, entre otros muchos efectos.

Que todo esto llevó a elaborar un Plan de Ordenamiento Territorial a 25 años que justificara esos cambios de uso de suelo y fuera aprobado el 10 de octubre, justo el día de la toma de posesión del actual presidente municipal y su cabildo.

No hizo hincapié en los niveles de contaminación que presenta el agua “potable” ni los riesgos que representa para la salud pública del municipio, menos aún el impacto que tendrá el cambio de ubicación del Rastro Municipal a la parte alta de la ciudad. Tampoco informó de la cantidad de litros que se desperdician a causa de una infraestructura obsoleta a la que no se ha dado mantenimiento en años y el impacto sobre el acuífero de la perforación de los nuevos pozos.

Desconocemos, también, las razones por las que la planta de tratamiento de aguas residuales, actualmente a media capacidad de uso, no se planeó para tratar las del Rastro Municipal, foco importante de contaminación de la parte baja de la ciudad y de la Presa Allende, lo que representa un contrasentido a la inversión en una planta potabilizadora de las aguas de esa presa, que estima costará 60 millones de pesos.

Más aún, después de visitar la Planta de Tratamiento, queda claro que no se está tratando toda el agua que se capta por los colectores municipales, que todavía hay partes de la ciudad, no especificadas, cuyo drenaje se vierte a los arroyos; que existe un flujo importante de agua a la que no se da cabida en la planta de tratamiento y que se desvía para uso agrícola. Que la contaminación del agua que produce la Esmeralda está “fuera de la competencia” del SAPASMA y que tiene una planta de tratamiento que no funciona al igual que la del Nigromante.

De acuerdo con la información publicada en el Correo del 11 de febrero, el gobierno de San Miguel de Allende gestionará ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una concesión de siete millones de metros cúbicos de agua de la Presa Ignacio Allende para surtir durante 25 años a la ciudad de San Miguel.

“La idea es aprovechar la cercanía de la Presa Allende, conducir el agua hasta una potabilizadora y usarla para el uso público urbano de unas 60 mil personas”, informó el director del SAPASMA, Juan Antonio Jaramillo Villalobos.

De ser viable el proyecto, “se buscará un acercamiento con los agricultores del Distrito de Riego 085 para plantearles un proyecto que logre eficientar el uso del agua y con los ahorros que tengan lograr que CONAGUA otorgue una concesión de siete millones de metros cúbicos al SAPASMA”.

”Cada año ingresan alrededor de 140 millones de metros cúbicos de agua a la Presa Ignacio Allende y el municipio solo buscaría una concesión de siete millones de metros cúbicos anuales suficientes para dotar de agua a la población de la zona urbana”, explicó el titular del SAPASMA.

Sin embargo, declaraciones del Secretario de los Productores Agrícolas del Distrito de Riego 085, Valentín Presa Casas, publicadas en el Sol de Bajío el 14 de febrero, indican que “no tendrán agua para el ciclo agrícola primavera-verano ya que la presa Allende apenas captó este año menos de 151 millones de metros cúbicos de una capacidad de 355 millones de metros cúbicos”.

Afirmó que la situación del agua es crítica pues en este año llovió la mitad y que para los cultivos de esta temporada como el maíz, sorgo y cebada no habrá agua suficiente. “Que para el ciclo otoño invierno se logró, difícilmente, conseguir que la CONAGUA otorgara los cuatro riegos que se requieren a fin de sacar la siembra de trigo y alfalfa, pero con el uso de esta agua, la presa Ignacio Allende quedará sin capacidad para cubrir el agua el próximo ciclo.”

“Vivimos con la incertidumbre de que se cuente o no con agua para el próximo ciclo y estamos con el temor de que no se siembre” concluyó. Por lo tanto, la opción del uso del agua de la Presa Allende no es tan viable.

En resumen, el problema del agua en el municipio es más complejo que el del agua potable y el drenaje en San Miguel y, por lo tanto, tiene que ver con una visión sustentable del desarrollo del municipio, de equidad y cobertura en la provisión de bienes y servicios a toda la población, con la salud pública, con la contaminación y explotación de los acuíferos, con la desertificación del suelo agrícola. pero, sobre todo, con una planeación responsable y profesional del futuro del municipio que considere la calidad de vida de todos sus habitantes como el eje central.

"Basta Ya a la Destrucción de San Miguel"

[1] “Agua potable y saneamiento: en busca de mayor cobertura, eficiencia, equidad y sostenibilidad”, BID, División de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Septiembre 2006, preparado por Camilo Garzón.
[2] IV Seminario Taller. Protección de Acuíferos frente a la Contaminación. Protección del Agua, Lima, Perú, 2004. Ponencia “Alternativas de gestión sustentable de los recursos hídricos en un acuífero sometido a sobreexplotación, Cuenta de la Independecia, Guanajuato, México”, Mahlknecht, J. et. al. , Facultad de Ingeniería en Geomática e Hidráulica, Universidad de Guanajuato. 2004.

No hay agua para el ciclo agrícola primavera-verano en la Allende

El Sol del Bajío.

14 de febrero del 2996

Los usuarios del distrito de riego 085, La Begoña, no tendrán agua para el ciclo agrícola primavera-verano ya que la presa Allende apenas captó este año menos de 151 millones de metros cúbicos de una capacidad de 355 millones de metros cúbicos. Esto lo afirmó el señor Valentín Presa Casas, Secretario de los Productores Agrícolas del distrito de riego 085.

Para mayor información visite la siguiente dirección:

http://www.oem.com.mx/elsoldelbajio/notas/n170735.htm

viernes, 16 de febrero de 2007

Pedimos a autoridades del Cabildo de San Miguel de Allende, defiendan patrimonio natural

Autoridades y funcionarios municipales:

Los sanmiguelenses les solicitamos asuman su papel histórico en la defensa del patrimonio natural y cultural del San Miguel de Allende y de todo el municipio, como lo están haciendo en otros municipios del país los Cabildos de mayoría panista.

Vean el caso de El Cañón de la Huasteca, Santa Catarina, Nuevo León y de Los Picachos, La Bufa y el Hormiguero de Guanajuato capital en nuestro Estado.

Dejen de aprobar cambios de uso de suelo de zonas de preservación ecológica, sin contar con todos los requisitos que establece el Reglamento de Zonificación vigente, entre otros, de impacto ambiental, que ponen en peligro el patrimonio natural de todos los habitantes del municipio y afectarán su calidad de vida futura.

Revoca el cabildo de Santa Catarina proyecto para La Huasteca


Entrada al cañón de La Huasteca, en Santa Catarina, donde se pretendía construir un campo de golf Foto: La Jornada Monterrey, NL, 15 de febrero. Por unanimidad, el cabildo de Santa Catarina, de mayoría panista, revocó el Plan de aprovechamiento y desarrollo sustentable para La Huasteca, que incluía un permiso para construir un campo de golf y un fraccionamiento de más de 17 mil viviendas valuado en más de 500 millones de dólares.

Rechazan club de golf y residencial de lujo en NL
Afectaría la reserva de la biosfera y una zona de recarga de acuíferos


Las empresas inmobiliarias omitieron estudios de impacto ambiental


DAVID CARRIZALES CORRESPONSAL
La Jornada

Aprobado en una sesión de apenas 12 minutos el pasado 28 de octubre, 48 horas antes de que el anterior cabildo, de mayoría priísta, terminara su gestión, el proyecto generó protestas de ciudadanos debido a que, argumentaron, devastaría la principal zona de recarga de agua para la capital de Nuevo León, pues de ahí proviene 60 por ciento del líquido que consume.

El proyecto abarcaba un terreno de más de 3 mil 400 hectáreas en el cañón de La Huasteca, en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, declarado reserva de la biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en 2006.

El lunes ecologistas y ejidatarios de El Pajonal, en dicha reserva natural, instalaron un campamento frente a la alcaldía de Santa Catarina para exigir que se revocara el proyecto.

El regidor Víctor Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, expresó que el plan no cumplía los requisitos mínimos para ser aprobado, pues no se incluyeron en el expediente estudios de impacto ambiental ni de vialidades.

El alcalde Dionisio Herrera Duque afirmó que esta ocasión se ha cumplido con todos los requisitos legales y están preparados para defender la resolución ante cualquier recurso que pudieran presentar los desarrolladores, en este caso las constructoras Marfil y Maple.

Guillermo Martínez Berlanga, del Comité Ecológico Pro Bienestar, señaló que este caso debe ser un llamado de atención a los desarrolladores urbanos para que entiendan que los ciudadanos ''ya despertaron y no están dispuestos a permitir que les arrebaten el poco patrimonio ambiental que se ha salvado del embate de los ambiciosos y depredadores''.

Este triunfo, dijo, es resultado de la lucha de ambientalistas, ciudadanos, ejidatarios, profesionistas, amas de casa, estudiantes y 11 sacerdotes católicos que a diario llamaban a los fieles a no permitir ''este ecocidio''.

La ambientalista Paz Flores comentó que esta decisión es muy importante para evitar el proyecto, pero demandó que, con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente (LGEPA), las autoridades municipales eviten construcciones en 24 predios de La Huasteca, cuyos propietarios obtuvieron un amparo contra el decreto que en 2000 hizo una nueva delimitación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

Asentó que la LGEPA estipula que en ningún parque nacional se pueden construir desarrollos urbanos, y ese es el caso del cañón de La Huasteca.

Los ambientalistas anunciaron que ahora lucharán para impedir que se construya un túnel de 1.5 kilómetros en el Cerro de la Silla, proyectado por el ayuntamiento de Ciudad Benito Juárez -en el oriente de esta capital-, el cual conectaría la Carretera Nacional con la vía que lleva a Reynosa.

Igualmente, rechazan el proyecto de un centro comercial subterráneo que, con una inversión de 3 mil 500 a 5 mil millones de pesos pretende construir el alcalde de Santiago debajo de una plaza y edificios que son patrimonio histórico.

Asume municipio compromiso de preservar zona ecológica

Correo

Por: Alfonso Ochoa, Viernes, 16 de Febrero de 2007

Gestionarán la compra de los cerros; Carrillo, primera víctima del affaire nuevo acceso

GUANAJUATO

En sesión de Ayuntamiento celebrada ayer, se acordó que los cerros de Los Picachos, incluyendo el de La Bufa y el del Hormiguero, no sólo serán zonas de preservación ecológica, sino que se buscará que sean propiedad del municipio; además se informó de la renuncia de Javier Carrillo Gallardo a la titularidad de la Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Estratégica.

Sin embargo, aún falta establecer los mecanismos necesarios para, primero, adecuar el Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población de Guanajuato (POTCPG) e incluso el endeudamiento para la compra de los terrenos, incluso contemplar la posibilidad de expropiarlos en caso de que los dueños no accedan a la venta.

En cuanto el cuerpo edilicio tenga definida la manera en que realizarán esto, entonces se procederá a legitimar y asentar en acta estas acciones en sesión de Ayuntamiento.

Al respecto, el alcalde Eduardo Romero Hicks señaló que definitivamente se buscará adquirir el cerro de La Bufa y las zonas aledañas y que una de las herramientas para ellos es el endeudamiento, por lo que cabe la posibilidad de que se realice un plebiscito.

Este acuerdo se dio en el apartado de "Asuntos de interés general" de la sesión de Ayuntamiento.

PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

Por su parte, la primer síndico del Ayuntamiento capitalino, Teresita Rendón Huerta Barrera, dijo que ahora habrá que hacer los trabajos necesarios para que a través del Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población de Guanajuato (POTCPG) se impida que el uso del suelo en la zona por donde pasará la nueva vialidad sea habitacional, pues la zona debe de seguir siendo de preservación ecológica.

En su calidad de primer síndico, la doctora en Derecho sugirió que se busque comprar los terrenos de la zona de Los Picachos, La Bufa y El Hormiguero, aunque se tenga que pedir un préstamo para ello, y que si no hay acuerdo al respecto con los actuales propietarios, se estudie la posibilidad de la expropiación para devolver a los guanajuatenses lo que es de los guanajuatenses.

El regidor Jorge Luis Hernández Rivera cuestionó la propuesta de la primer síndico, pues consideró que hay otras prioridades y que se puede regular el uso del suelo con un ejercicio de autoridad.

"No hay que entrar a la especulación comercial para remediar de esa manera los errores de la parte final de la pasada administración, señaló el regidor, refiriéndose claramente a los meses en que el actual tesorero municipal Juan Antonio Valdés Fonseca, se desempeñó como alcalde interino.

El regidor del PAN, Marco Antonio Figueroa Sierra, dijo que a él le parecía acertada la propuesta de la primer síndico y que se podía comprar a dos pesos el metro cuadrado, pues a ese precio compró el dueño de la constructora 47 hectáreas en la zona.

El perredista Salvador Flores Fonseca, uno de los primeros que denunció la agresión contra el entorno natural debido a la construcción del nuevo acceso, dijo que también estaba de acuerdo en que se compren los cerros, pues ese lugar siempre ha sido un sitio de paseo para los guanajuatenses.

SMITH GUERRERO: FUE LA ADMINISTRACIÓN PASADA

Por su parte, el regidor Guillermo Smith Guerrero consideró que fue la administración pasada la que creó el problema, no sólo la que terminó el ejercicio, con lo que incluyó en el asunto al ex presidente municipal y ahora diputado Arnulfo Vázquez Nieto, quien dejó la alcaldía para contender por la diputación

El regidor del PAN dijo que él también estaba de acuerdo en que el municipio busque comprar los cerros, pues no es sólo un lugar de paseo, sino de tradiciones y costumbres de los guanajuatenses, como la Fiesta de la Cueva.

A la propuesta de la síndico se sumó la regidora Mónica Barrera Stephenson, quien dijo que así esos terrenos dejarían de estar sujetos a los vaivenes políticos. La regidora Patricia Sánchez Stevenson recordó que la propuesta para que los terrenos que se pretendían urbanizar quedaran como reserva ecológica la hizo la oposición, pero que ahora que se piensan comprar consideró que hay otras prioridades, como dotar de servicios a asentamientos humanos como los que existen en el ejido de Cervera, donde no hay ni agua potable, ni drenaje, ni luz eléctrica.

Al intervenir nuevamente, el regidor Hernández Rivera aceptó que está bien que los terrenos pasen a propiedad del municipio, pero que habría que cuidar la forma de adjudicación de los mismos.

El edil Figueroa Sierra dijo que le parecía que el que La Bufa y Los Picachos pasaran a ser propiedad de los guanajuatenses sí era una prioridad y que eso lo reflejaba una encuesta que realizó el periódico Correo.

Por su parte, el regidor del PRD, Juan Francisco Reyes Millán, consideró que sería bueno adquirir los cerros y que en ello debe de apoyar el gobierno del estado, pues es responsable de la obra que se construye (la vialidad Euquerio Guerrero-Paseo de la Presa), la que dañó la ecología del lugar, además de que se hizo sin que hubiera estudio de impacto ambiental.

La doctora Rendón Huerta Barrera, comentó que no se trata de discutir quién propuso primero que la zona sea de reserva ecológica, sino preservar el lugar y que su propuesta es que a la brevedad se busque negociar con los dueños de los terrenos y si no, que se expropie.

Finalmente, el alcalde señaló que hay unanimidad en que Los Picachos deben de ser zona de preservación ecológica y que lo mejor es que pasen a propiedad del municipio, por lo que se deberá de estudiar la manera de concretarlo y que de ser necesario se hará un plebiscito.

RENUNCIA DECISIÓN PERSONAL

Ayer el alcalde Eduardo Romero Hicks dio a conocer que Javier Carrillo Gallardo presentó su renuncia en calidad de irrevocable, a la Dirección de Desarrollo Urbano y Planeación Estratégica. Romero Hicks aseguró que la renuncia de Carrillo Gallardo fue una decisión personal y que no obedeció a sanción alguna por la desinformación que existía en el caso de la construcción del nuevo acceso a la ciudad.

El alcalde negó que vaya a buscarse responsables por el problema que se suscitó al aprobar el anterior Ayuntamiento modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial sin que estuvieran sustentados esos cambios. Se presume que Carrillo Gallardo habría tenido responsabilidad en el cambio de uso de suelo que aprobó el pasado Ayuntamiento dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, lo que permitiría la urbanización en la zona de Los Picachos, esto es, a lo largo del trazo del nuevo acceso a la ciudad: vialidad Euquerio Guerrero-Paseo de la Presa.

Sin embargó Romero Hicks dijo que él no conocía las razones de la renuncia de Carrillo Gallardo, pero descartó que haya sido motivada por la polémica que se suscitó después de que se conoció la pretensión de urbanizar la zona de las faldas de Los Picachos.

Al respecto, el regidor Jorge Luis Hernández Rivera dijo que se tuviera cuidado en el proceso de entrega-recepción que tendrá que hacer Carrillo Gallardo, pues la misma debe de ser incólume e impoluta, lo que el alcalde respondió que todas las entregas recepciones deben de tener esas características y que la renuncia del funcionario no lo eximía de responsabilidad.

PROPIEDAD DE GUANAJUATENSES

“Se debe buscar comprar los terrenos de la zona de Los Picachos, La Bufa y El Hormiguero, aunque se tenga que pedir un préstamo para ello y si no hay acuerdo al respecto con los actuales propietarios, estudiar la posibilidad de la expropiación para devolver a los guanajuatenses lo que es de los guanajuatenses”.

Teresita Rendón Huerta Barrera, primer síndico del ayuntamiento

'Toma' Fadesa playas mexicanas

Reforma, 14 de febrero del 2007.

Por
Karla Ramírez

Los litorales en México sólo están explotados en 8 por ciento, lo que significa una oportunidad para el desarrollo de vivienda residencial turística.

Por eso, Fadesa, importante constructora en España, invertirá 850 millones de dólares este año para la realización de tres megaproyectos.

Aunque el plan en los próximos 3 años es alcanzar una inversión de 5 mil millones de dólares.
Iván Vela, director de Fadesamex, detalló que sus proyectos estarán ubicados en Litibú (Nayarit), Guadalajara y San Miguel de Allende, y están por cerrar uno más en Baja California Sur, todos ellos enfocados al mercado residencial de alto nivel.

"Hace 5 o 6 años se dieron cuenta de que el mercado español iba a saturarse y hoy vemos que se construyen 800 mil viviendas al año, casi un 30 por ciento más que México", explicó Vela en conferencia de prensa.

Así, en la búsqueda de mercados alternativos, figuró el caso mexicano atraído por la estabilidad económica, el componente demográfico y la llegada de los baby boomers.

Su primer proyecto fue la compra de 30 hectáreas de Litibú, donde desarrollarán un hotel de 320 habitaciones, un hotel-boutique de 50 cuartos, con un área de propiedad fraccional entre 30 y 40 residencias, un área comercial de 4 mil metros cuadrados, y 325 residencias entre departamentos y villas. La inversión rondará los 350 millones de dólares.

El segundo proyecto está localizado en Zapopan, Jalisco, en Valle Real sobre un predio de 12.5 hectáreas y el plan incluye la edificación de 750 departamentos acompañados de un centro comercial y dos hoteles, invirtiendo 350 millones de dólares.

En San Miguel de Allende buscan captar a compradores de EU con un proyecto que incluye entre otras metas, un hotel-boutique. La inversión será de 150 millones de dólares.

Incluso la firma analiza cotizar en la BMV.

martes, 13 de febrero de 2007

Clausuran espectaculares en San Miguel: Gastelum


 
Los anuncios de fraccionamientos son temporales, anunció el director de Desarrollo Urbano.
El Sol del Bajío

8 de febrero de 2007

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO- La Dirección de Desarrollo Urbano continúa con el operativo de clausura de anuncios espectaculares por no cumplir con las disposiciones que marcan las disposiciones legales.

El operativo de clausura de espectaculares se da a quienes no cumplen con las disposiciones legales. La gran mayoría no cumplen con las disposiciones que marca la Dirección de Desarrollo Urbano, así lo dijo el director de esta dependencia Ángel Gastelum Cadena.

Entre las disposiciones que se marcan está el tamaño que deben de tener que es de cinco por tres metros además de que el anuncio debe de estar dentro de una propiedad privada y no en el derecho de vía como algunos que están colocados.

El operativo se desarrolla en la carretera salida a Querétaro, posteriormente se llevará a cabo en Salida a Celaya, Salida a Dolores Hidalgo, en el libramiento José Manuel Zavala Zavala PPKBZON y en el centro de la ciudad, pues hay muchos anuncios que no cumplen con el reglamento.

"Se le está dando oportunidad a la gente, que ellos mismos quiten su estructura, estamos dando un término de 15 a 20 días para que se regularicen sus estructuras y respeten las medidas y las zonas donde están colocadas".

Sobre la proliferación de este tipo de anuncios, Gastelum indicó que se hicieron durante los fines de semana, que es cuando sus inspectores no trabajan. "Desafortunadamente no tenemos personal suficiente" dijo.

El reglamento marca que si se pueden tener espectaculares a una distancia de la zona urbana hacia las carreteras y si cumplen con los permisos, se pueden colocar.

Sobre los anuncios espectaculares de los diferentes fraccionamientos informó que el reglamento de desarrollo urbano marca que se les puede otorgar un permiso para anunciarse a través de pendones, que su colocación es temporal.

Respecto a los pendones que se colocan en los diferentes postes de la ciudad en los que anuncian las diferentes actividades de la administración municipal, dijo que se le envía un oficio para solicitar su permiso y que una vez terminado el evento, se retiran.

Situación que muchas veces no se lleva a cabo, según lo pudo comprobar El Sol del Bajío, que durante un recorrido por las diferentes calles, se pudo observar en la Calzada de la Estación que hay pendones que anuncian un evento cultural de la administración pasada, es decir, tienen ya más de 4 meses en este lugar. Otro caso, el de algunos anuncios de la Feria de la Lana y el Latón que aún se pueden ver en el bulevar de La Conspiración, desde el año pasado y que a la fecha aún permanecen ahí.

... "el SAPASMA no tiene un estudio sobre la calidad del agua de la Presa Ignacio Allende"; pero "los niveles de contaminantes han disminuido considerablemente" ...

Gestiona Sapasma ante Conagua concesión de agua

Correo
Por: Carlos García, Domingo, 11 de Febrero de 2007

Surtiría durante 25 años del vital líquido a la población de la cabecera municipal San Miguel

La población tendría garantizado el abasto de agua en 25 años.

El gobierno de San Miguel de Allende gestionará ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una concesión de siete millones de metros cúbicos de agua de la Presa Ignacio Allende para surtir durante 25 años del vital líquido a la población de la cabecera municipal.

Para suministrar agua de la presa el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende (SAPASMA), construiría una planta potabilizadora que tendría un costo estimado de unos 60 millones de pesos. "La idea es aprovechar la cercanía de la Presa Allende, conducir el agua hasta una potabilizadora y usarla para el uso público urbano de unas 60 mil personas”, informó el director del SAPASMA, Juan Antonio Jaramillo Villalobos.

En el 2007 con el apoyo de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), el organismo operador realizaría un proyecto ejecutivo que determine la viabilidad de usar el vital líquido de la Presa Allende y la construcción de una potabilizadora.

De ser viable el proyecto se buscará un acercamiento con los agricultores del Distrito de Riego 085 para plantearles un proyecto que logre eficientar el uso del agua y con los ahorros que tengan lograr que Conagua otorgue una concesión de siete millones de metros cúbicos al SAPASMA.

Los agricultores "Si mejoramos la infraestructura del Distrito de Riego 085 para poder tener ahorro de agua, esto previó consenso con los agricultores concesionarios se logrará un ahorro de agua que podría asignarse a San Miguel de Allende”, adelantó Jaramillo Villalobos.

La Comisión Nacional del Agua, tendrá un papel importante porque darían el aval para concretar el proyecto de mejorar la infraestructura de canales del Distrito de Riego 085 "para que sean los ahorros de agua los que se destinen a la potabilizadora y no los volúmenes que tienen concesionados (los agricultores)", argumentó .

Cada año ingresan alrededor de 140 millones de metros cúbicos de agua a la Presa Ignacio Allende y el municipio solo buscaría una concesión de siete millones de metros cúbicos anuales suficientes para dotar de agua a la población de la zona urbana, explicó el titular del SAPASMA.

"Nosotros tenemos un estimado que al menos en los próximos 25 años podríamos tener agua potable permanente, si bien no hay un problema grave en el abasto, debemos tener una visión a largo plazo y aprovechar que colindamos con la presa", previó Juan Antonio Jaramillo.

La potabilizadora

Hasta el momento el SAPASMA no tiene un estudio sobre la calidad del agua de la Presa Ignacio Allende; pero desde hace dos años las descargas de aguas negras pasan primero por la planta tratadora de aguas residuales, dijo el funcionario.

"Los niveles de contaminantes han disminuido considerablemente, todas las presas tienen la característica de funcionar como una laguna de oxidación para ir saneando el agua", expuso.

El proceso para potabilizar el agua del embalse es pasar el líquido por un tratamiento de sulfato de aluminio que provoca la unión de partículas que se precipitan al fondo, después pasa a una etapa de decantación de filtros de arena, al final llega un tratamiento con ozono y carbón activado.

"Con esto se llega a la potabilización total, esto es muy conocido en el mundo y en el país, por lo tanto sería muy viable aplicar" una planta potablizadora de 200 metros cúbicos por segundo en San Miguel de Allende”, explicó Jaramillo Villalobos.

La ciudad de México tiene una planta para hacer potable el agua de la laguna de Valle de Bravo, Guadalajara hace lo mismo con la laguna de Chapala y en Monterrey potabilizan el vital líquido de la Presa del Cuchillo.

El acuífero El acuífero del Río Laja comprende San Felipe, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende y el 13 por ciento del agua que se usa en este último municipio es para consumo humano y el 87 por ciento para uso agrícola.

"El objetivo de la potabilizadora es dejar descansar al acuífero...pero también vendría el esfuerzo de gobierno del estado por cambiar los sistemas de riegos y mejorar canales, tener tecnologías de riego por aspersión y goteo, para lograr desminuir el déficit que hay entre la recarga y la extracción", consideró el director del sistema de agua.

De lograr una concesión de aguas superficiales, el SAPASMA dejaría de extraer agua subterránea para lograr que el acuífero se recupere ya que existe un déficit anual de 100 millones de metros cúbicos del vital líquido.

A la par, la Dirección de Ecología implementaría un programa de reforestación en la zona alta de San Miguel de Allende, en el cerro de los Picachos que es un punto de recarga natural del acuífero que sería complementado con la construcción de bordos, adelantó Jaramillo Villalobos.

La cobertura Actualmente el Sapasma opera 18 pozos, de los cuales 15 están en operación y tres están en reserva, con ellos atienden al 99 por ciento de población de la zona urbana, de estos el 75 por ciento tiene agua las 24 horas del día y un 25 por ciento solo por unas horas.

"Pero ahora con la obra del rebombeo vamos atender al otro 25 por ciento para darle agua a toda la población las 24 horas", afirmó el director del sistema operador.

En dos meses con los pozos la Lejona I y II surtirán 64 litros por segundo de agua a la población que vive en la zona sur y oriente de la ciudad, "es una obra interesante porque está automatizada y garantizará darle agua al menos a cinco mil viviendas", adelantó Juan Antonio Jaramillo.

De no concretarse el proyecto de surtir agua de la Presa Ignacio Allende la situación "es estable, el año pasado se extrajeron más de siete millones de metros cúbicos que es suficiente para darle agua a la ciudad", recordó el servidor público.

El Sapasma tiene una capacidad instalada para extraer un 80 por ciento más de agua de la que usaron en el 2006, "el crecimiento de la ciudad en los próximos 25 años podría estar garantizado con la batería de pozos, pero siempre existe la incertidumbre de cómo se comporte el acuífero" concluyó.

Énfasis

Ley de aguas nacionales

Artículo 20 Las concesiones y asignaciones se otorgaran después de considerar a las partes involucradas, el costo económico y ambiental de las obras proyectadas. La explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales por dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, estatal o municipal se realizará a través de una concesión expedida por el Ejecutivo federal a través de la Conagua.

Artículo 21 Las solicitudes de concesión deberán contener, el nombre y domicilio del solicitante, la cuenca y región hidrológica, acuífero, el volumen de extracción, volúmenes requeridos, el uso que se le dará al agua, punto de descarga de aguas residuales, proyecto de obras a realizar, duración de la concesión.

Artículo 21 bis, el solicitante debe presentar los documentos de estudios de impacto ambiental, el proyectos de las obras, la memoria técnica con los planos, la documentación que soporte la solicitud en términos del volumen de consumo requerido, un croquis que indique la localización del predio,

Artículo 22 Para el trámite de los títulos de concesión los estados y municipios tienen que presentar el programa de aprovechamiento de las fuentes de agua y la forma de ejecución, los sitios y formas de medición del suministro como de las descargas, la asunción de las obligaciones de usar racional y eficientemente el agua, respetar las reservas y los derechos de terceros.

A la presa llegan las descargas de aguas de la ciudad, pero antes pasan por la planta tratadora.La presaLa Presa Ignacio Allende se ubica en la cuenca del Río Lerma; fue construida en 1968 con el fin de controlar inundaciones; sin embargo, en la actualidad el agua esta concesionada para el uso agrícola.

De julio de 1991 a junio de 1992 el Instituto de Ciencias del Mar hizo un estudio de eutroficación de la presa que en ese momento presentó estratificación térmica de primavera a verano, durante la cual se detectó agotamiento de oxígeno hipolimnético, pH con tendencia a la acidez y disminución del nitrógeno.

Los resultados del estudió arrojaron que la presa Ignacio Allende se encuentra en estado avanzado de eutroficación, el cual consiste en la fertilización o enriquecimiento de nutrientes y envejecimiento de los cuerpos de agua, dicho proceso se manifiesta en un período máximo de 107 años.

Pero en los embalses artificiales, por la multiplicidad de usos a los que son sometidos, este fenómeno se presenta con suma rapidez, de manera que comúnmente tienen un tiempo de vida útil entre 10 a 100 años.

Conforme avanza la eutroficación los nutrientes se presentan en gran abundancia, especialmente el nitrógeno (N) y el fósforo (P), lo que trae consigo un incremento en la producción de algas y otras plantas acuáticas, así como del zooplancton y de peces; los cuales al morir contribuyen al relleno gradual de la cuenca del embalse.

Además a pesar de los altos niveles de fósforo, que podrían promover condiciones de hipereutrofia, existen factores que impiden que se llegue a esta situación trófica, como son: alta turbiedad, escasa transparencia, altos niveles de dureza y desazolve por la compuerta hipolimnética

Carta al editor del semanario Atención San Miguel

9 de febrero del 2007.

He leido el artículo de Jesús Ibarra sobre algunas comunidades rurales del municipio de Allende y pareciera que pocos municipios en México podrían tener una mayor inequidad en la distribución de recursos, servicios y bienes.

Mientras que el programa 3 X 1, obliga a las comunidades a invertir en los servicios públicos a que tienen derecho como todos, agua, luz, drenaje, caminos)en la Ciudad de San Miguel, se realizan transacciones millonarias en bienes raices en dólares, se proporcionan todos los servicios (agua, electrificación, pavimentación, drenaje) casi de manera inmediata a grandes constructores y desarrolladores para lujosos condominios y casas de fin de semana así como de centros comerciales y se bombea agua desde la parte baja en la Lejona hasta la parte Alta a la Luciérnaga sin que los vecinos de colonias pobres la puedan utilizar.

De acuerdo con las cifras publicadas, la mitad aproximada de los habitantes del municipio viven en 539 comunidades rurales, es decir, más de 68000 personas. El presupuesto destinado al desarrollo social, según el Director de Desarrollo Social y Humano del Municipio, es de 4,344,000 pesos, lo que corresponde a poco más de 8,000 pesos por comunidad y poco más de 63 pesos por habitante.

El incremento al presupuesto para servicios a las comunidades este año fue de menos del 1%. Cien de estas comunidades no tienen agua, o luz o caminos y lo mismo pasa con muchas colonias de la ciudad y muchos de sus habitantes viven en la extrema pobreza.

Para el señor Juan Rodríguez, Subdirector de Desarrollo Social, "hay comunidades que nunca han sido beneficiadas con algún programa del gobierno debido a su falta de organización y participación comunitaria". Por su parte el Director Tellez expresa, " Si la gente de la comunidad se organiza y se acerca a nosotros, nosotros gestionaremos los servicios que están solicitando, de acuerdo a los recursos que tengamos y a la cantidad de solicitudes."

Cómo pueden organizarse dichas comunidades si muchos de sus miembros son ancianos y niños y las pocas mujeres tienen que trabajar duro para mantener a sus familias pues los hombres optaron por ir a los EUA o trabajan fuera de la comunidad por salarios ínfimos. Si no tienen caminos, mucho menos medio de transporte y mucho menos dinero para venir a la ciudad a "proponer un proyecto" que les cuesta a ellos antes que a las autoridades. Y encima, tienen que agradecerles el favor con votos.

Muchos nos preguntamos, cuándo se organizaron los vecinos de la Luciérnaga, para que a pesar de no tener agua en la zona, SAPASMA, les esté bombeando agua desde un pozo de la parte baja de la ciudad, les haya conectado el drenaje y los vecinos de las colonias cercanas estén pagando el agua a la Luciérnaga, como se dió a conocer en el Foro del jueves18 de enero.

Por qué se exige organización y participación a los miembros de las comunidades más pobres del municipio y aquí en la cabecera los funcionarios públicos se aumentan el 45% a sus salarios; se van a París 12 días a proponer a San Miguel de Allende como ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad; se gastan miles de pesos en la presentación del "Informe de los Cien Días" (cuando no llevaban ni 60 días hábiles pues se tomaron 3 semanas de vacaciones), entre muchas otras.

Me parece que debe empezar a haber más congruencia en la administración pública muncipal y sobre todo, más recursos destinados a obras que beneficien a muchos sanmiguelenses y no a unos cuantos, pero sobre todo ajustándose a la ley, que es pareja para todos.

Como declaró el presidente municipal en el acto cívico del 5 de febrero "la aplicación de la norma es lo que da confianza a la gente". No lo olvide.

Propongo como lo hice público en los foros, que se revoque el aumento a las autoridades municipales, ya que quienes votamos por ellos no lo hicimos por este descarado aumento. Que dichos dineros se destinen a programas que otorguen servicios indispensables a las comunidades; y que si durante este año, las autoridades realizan de manera eficiente, eficaz, profesional y sobre todo, transparente su función pública, la cual pueda ser evaluada con resultados tangibles y comprobables, les autoricemos el año siguiente un aumento decoroso acorde a la situación económica y social del municipio.

Lorea San Martín

lunes, 12 de febrero de 2007

Nuevo estacionamiento para la Ciudad

Los vecinos de lo que será el estacionamiento de Insurgentes y Relox, están preocupados ya que el primero de febrero pasado en la madrugada, la pared larga de lo que fuera el frontón se vino abajo. También inquieta la altura que tendrá el nuevo edificio ya que se habla de 5 pisos, lo que perjudicaría la vista de muchos de ellos hacia el centro de monumentos históricos.






domingo, 11 de febrero de 2007

Cartas a la redacción

Atención San Miguel

After reading Jesús Ibarra’s article about some rural communities in the municipality of Allende (Atención, Feb. 2), it seems that few municipalities in all of Mexico may have a more unequal distribution of resources, services and goods.

While the program “3 for 1” forces the communities to invest in public services, which everyone has the right to have—water, light, sewers and roads in the urban area—million-dollar real-estate transactions are carried out, all services (water, street paving, electrification, sewer lines) are granted immediately to big construction companies and developers for luxurious condos and weekend houses, as well as for shopping centers, and water is pumped from the lower part of La Lejona to the high part of La Luciérnaga, without allowing the residents of poor colonias to use it.

According to the numbers, about half of the inhabitants of the municipality live in 539 rural communities—about 68,000 people. According to the director of the Social and Human Development Department, the department’s budget is 4.3 million pesos, which corresponds to a little more than 8,000 pesos per community—a little more than 63 pesos per inhabitant.

The budget increase for rural communities was less than 1 percent. Yet, 100 of these communities do not have water, electricity or access roads, and the same happens in many neighborhoods in the city, where many inhabitants live in extreme poverty.

José Rodríguez of the Rural Communities Office said that some communities have never received such assistance because of their lack of organization and community participation. The department director, José Luis Téllez, said: “If the people of the community organize themselves and come to us we will manage to provide them with the resources they are applying for.” (Editor’s note: This quote only appeared in the Spanish language version of the article.)

How can they organize themselves if most of the people in the communities are elderly or children? And the few women must work arduously to sustain their families because the men are working abroad or outside the community for a very low salary. If they do not have roads, they do not have transportation, either, or money to come to the city to propose their projects to the authorities. And besides, they have to return the favor with votes.

Many of us wonder when the residents of La Luciérnaga organized so that, although there is no water in the area, SAPASMA is pumping water for them from a well in the lower part of the city and connected sewer lines, while the residents of nearby colonias are paying La Luciérnaga for the water service, as announced in the forum on January 18.

Why is organization and participation demanded of the poorest rural communities, while the public servants increase their salaries by 45 percent and go to Paris to propose San Miguel de Allende be a World Heritage site? Thousands of pesos are spent on the presentation of the “Hundred Days Report,” when they have not even worked 60 days, since they took three weeks for Christmas holidays, among other holidays.

I think there should be more consistency in public administration and, overall, more resources put toward projects that would benefit a great number of sanmiguelenses, not only some of them. The authorities must act according to the law, which is the same for all. As the mayor announced in his speech on February 5, “applying the law is what makes the people trust.” He should not forget this.

I propose, as I did in the public forums, that the increase in the salaries of municipal authorities be revoked, since we did not vote for this shameless raise. This money should be destined for programs that grant services to rural communities, and if, during the year, the authorities do a good, efficient, professional and transparent job, which can be evaluated with tangible and checkable results, we may authorize a salary increase for them according to the economic and social situation of the municipality.

Lorea San Martín