viernes, 25 de mayo de 2007

Aumentan casos de tortura: Vidaurri

El procurador de los Derechos Humanos en el estado, Manuel Vidaurri Aréchiga, condenó que hayan aumentado los casos de tortura en el último año.
El Sol del Bajío
25 de mayo de 2007

David Romero

GUANAJUATO, Gto.- El procurador de los Derechos Humanos en el estado, Manuel Vidaurri Aréchiga, condenó que hayan aumentado los casos de tortura en el último año pues, dijo, un delito no puede ser investigado o perseguido cometiendo más ilícitos.

Al comparecer ante el pleno del Congreso para rendir el XIII Informe de Actividades 2006-2007, el Ombudsman guanajuatense dice que se abrieron 20 expedientes de queja por presuntos actos de tortura, siete más que el año pasado.

También se emitieron 371 recomendaciones por diversas causas y, en términos generales, se dio inicio a mil 280 expedientes de queja por violaciones a derechos humanos que, sumados a 293 del año anterior, dan un total de mil 573.

En sesión solemne del Congreso a la que asistieron el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez; y el presidente del Poder Judicial, Mario Gutiérrez Covarrubias, el defensor del pueblo aclaró que la Procuraduría no se opone a la prevención, investigación y persecución de los delitos por parte de las autoridades competentes.

Sin embargo, sí hace patente la necesidad de que el estado, a través de sus instituciones públicas, cumpla con el deber a su cargo de prevenir las violaciones a los derechos humanos, investigar seriamente las transgresiones, a fin de identificar a los responsables, de imponerles sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación del daño.

En presencia también del procurador General de Justicia, autoridades militares, alcaldes de diversos municipios y otros invitados, Vidaurri advirtió que la Procuraduría de los Derechos Humanos está convencida de que ningún delito debe ser combatido con otro ilícito, máxime cuanto éstos tengan connotación de la humanidad, como es el caso de la tortura que se encuentra estrictamente prohibida en el sistema jurídico mexicano.

Desde la tribuna parlamentaria, el orador dijo que de los 20 casos de tortura conocidos, la investigación permitió concluir que el señalamiento hecho contra servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado resultó cierto.

A ese respecto, dijo que entre las principales deficiencias detectadas en el actuar del personal de la PGJE destaca: allanamiento de morada; incomunicación; y tortura. El procurador Chowell aceptó las recomendaciones emitidas, señaló Vidaurri.

Hizo énfasis en que la tortura no debe ser medio de investigación de los delitos y subrayó que un delito no puede ser perseguido o investigado cometiendo más ilícitos.

Nadie ignora que la criminalidad organizada, sobre todo la vinculada con el narcotráfico, se vale del recurso de la violencia extrema para lograr sus perniciosos objetivos, pero esto no puede ser razón para que las autoridades actúen bajo métodos extralegales, agregó el Ombudsman.



NO HAY SUMISIÓN DEL OMBUDSMAN HACIA LA AUTORIDAD

En otra parte de su informe, precisó que la función esencial de la Procuraduría es defender y promover los derechos humanos, de cara a evitar transgresiones indebidas a las libertades y prerrogativas de las personas. Su función se inscribe en la de aquellas instituciones que quieren consolidar la democracia, abatiendo las manifestaciones intolerantes y discriminatorias, especies que son de la soberbia y la injusticia.

Hay muchas dificultades por superar: el abuso de poder, la negligencia, el descuido, la falta de respeto por las ideas y decisiones ajenas, el autoritarismo indignante, la prepotencia, que son apenas algunas de las nefastas e inconvenientes barreras que se oponen al interés de las mayorías.

Señaló el titular de la PDH que evidenciar estas indeseables conductas es tarea propia de los organismos públicos de defensa y promoción de los derechos humanos, los cuales deben tener garantizada plenamente su autonomía e independencia, pues de nada sirve una oficina de Ombudsman domeñada.

AUMENTAN 4% LAS QUEJAS POR VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS

En cuanto al número de asuntos tramitados, el Dr. Vidaurri informó que de los 1,280 expedientes (4% más que el año anterior), 412 son por ejercicio indebido de la función pública; 178 por lesiones; 177 por la comisión de detenciones arbitrarias; en 146 se apreció la violación a los derechos de reclusas e internas; 82 por irregular integración de la averiguación previa; 58 a probables violaciones a derechos de niños, niñas y adolescentes.

De esa cifra total, 172 expedientes fueron remitidos para su estudio, en razón de competencia legal, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De esas, ocupa el primer lugar en quejas presentadas por su actuación el Instituto Mexicano del Seguro Social con 89; 22 contra la PGR; 9 de CFE; 8 de la SSP; e igual número contra el ISSSTE. Una queja fue contra la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, otra contra el Estado Mayor Presidencial, una más al Episcopado Mexicano, principalmente.

Por otra parte, los municipios que ocupan los 10 primeros lugares en generación de quejas contra autoridades municipales, estatales o federales son León con 274, Irapuato con 225, Celaya con 156, San Miguel de Allende 90, Guanajuato 70, Valle 66, Salamanca 50, Pénjamo 26, Dolores Hidalgo 214 y san Luis de la Paz 20.

Hizo mención de que a la fecha 14 personas han perdido la vida en el interior de un centro de detención, dos más que el año pasado, en los municipios de Guanajuato con 2, León 2, San Luis de la Paz uno, Valle de Santiago 1, Dolores Hidalgo 2, Salamanca 1, etc.

371 RECOMENDACIONES; 70% HAN SIDO ACEPTADAS

Otro aspecto abordado por el Ombudsman en su informe fue el relativo a quejas interpuestas por periodistas, por lo que expresó su "enérgico rechazo y repudio" a las amenazas o agravios en contra de los comunicadores, pues éste es uno de los derechos cuya garantía debe ser protegida a toda costa. Hubo, en este sentido, 4 quejas presentadas.

En cuanto a las recomendaciones emitidas en el año, el defensor del Pueblo dijo que fueron 371 en total, de las cuáles casi el 70% 253 han sido aceptadas, 3 no aceptadas, 6 no recibieron respuesta y 190 están en término de ser contestadas.

Las autoridades con mayor número de recomendaciones son la Procuraduría General de Justicia con 30, la presidencia municipal de Celaya con 22, la de Apaseo el Grande con 15, la de Salvatierra con igual número, la de San Miguel Allende 15, Secretaría de Seguridad Pública 13, Presidencias Municipales de Villagrán 12, de Irapuato 11, León 11 y Tarimoro también 11.

Los hechos violatorios que motivaron estas recomendaciones fueron 235 por violaciones a los derechos de los detenidos, 27 por ejercicio indebido de la función pública, 19 por lesiones, 19 por detenciones arbitrarias, 13 por insuficiente protección de personas, 10 por violación a los derechos de los reclusos o internos.

Esto trajo como consecuencia la destitución de 4 servidores públicos, 5 amonestados, el arresto de 25, la suspensión de 5, apercibido 1, causaron baja 11, exhortado 1 y fueron instruidos 39.

Finalmente, el procurador de los Derechos Humanos mencionó casos como el hostigamiento sexual, también habló de los derechos de la mujer; de niñas, niños y adolescentes; de los adultos mayores y personas con discapacidad; de indígenas y migrantes, así como de los enfermos con sida.

En su mensaje final, Manuel Vidaurri Aréchiga se refirió a problemas como los suicidios, los homicidios de alto impacto, las poco dignas que son algunas viviendas de interés social, los abusos de poder de las corporaciones policiacas, las violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y la situación precaria de las cárceles municipales.

Salvatierra se apunta para sustituir Sanmiguelada, planean Marquesada

Por: América Ortiz, Viernes,
25 de Mayo de 2007

Ante el anuncio de la cancelación, el alcalde informó que ya se planea realizar un evento similar en este municipio

Salvatierra

Tras la confirmación de que en San Miguel de Allende no se realizará durante la administración de Jesús Correa Ramírez la tradicional "Sanmiguelada", el gobierno local de Salvatierra informó que están dispuestos a desarrollar esta fiesta en el municipio, la cual llevaría por nombre "Marquesada".

El alcalde Raúl Ulises Cardiel Gutiérrez informó que ya están trabajando en el proyecto para realizar la pamplonada en noviembre, fecha en la que se celebra el patronazgo de San Andrés Apóstol en el municipio, o quizás en la fecha en que la hacía San Miguel de Allende, durante el mes de septiembre.

Para lograr que se concrete la Marquesada, el mandatario local aseguró que la participación de los empresarios del sector turístico será importante, declaración que confirmó el coordinador de Turismo Luis Gerardo García Martínez, quien informó que el martes pasado sostuvieron una reunión con algunos de ellos y hasta el momento al parecer hay aceptación al proyecto.

El coordinador de Comunicación Social, Rodrigo Carrasco Ramírez, dijo que el próximo domingo se hará una reunión en donde se informarán detalles de la pamplonada a los empresarios, aunque en un sondeo rápido entre algunos restaurantes y hoteleros del centro de la ciudad, por donde pasarían los toros, se dijeron a favor de la Marquesada, pero previendo la seguridad necesaria para la población y los establecimientos.

Las calles del centro de Salvatierra podrían convertirse en el nuevo circuito por donde correrían los toros, la plaza de toros sería el fin del recorrido.

HABRÍA REEMPLAZO

Ante esta situación, el gobierno de Salvatierra quiere ocupar "la plaza vacante que dejará San Miguel de Allende" y realizar este año la Sanmiguelada, que para este municipio llevaría como nombre Maquesada.

El alcalde Raúl Ulises Cardiel Gutiérrez, informó que ya están trabajando en los preparativos y priorizar costos, sobre todo para el aspecto de la seguridad a la población que acuda a este evento.

El primer edil explicó que el objetivo principal de realizar en Salvatierra la pamplonada es para atraer a la gente de la región al municipio, pues recordó que el principal objetivo de su administración es convertir a esta ciudad en la cuarta más visitada en el estado por los turistas nacionales y extranjeros.

Informó que las áreas de su administración que trabajan en el proyecto son Comunicación Social, Desarrollo Urbano, Protección Civil y la coordinación de Turismo. Sobre el recorrido que los toros harían por la ciudad, manifestó que la intención es no hacerlo muy largo, pues arrancaría en el jardín principal sobre la calle de Hidalgo, llegaría a la calle de Zaragoza, regresaría por Juárez hacia el jardín otra vez y terminaría en la Plaza de Toros ubicada en el bulevar Juan Jesús Posadas Ocampo.

Raúl Ulises Cardiel Gutiérrez, reiteró que apenas están juntado las piezas para que exista viabilidad al proyecto, pero dejó en claro que la pretensión del gobierno local es que la gente de la ciudad participe en la primera inversión, que resulta ser la más fuerte, que serían las protecciones para la gente que sólo viene a ver la pamplonada y a los toros correr por las calles a todo lo largo y ancho del recorrido.

EMPRESARIOS DE ACUERDO

El coordinador de Turismo, Luis Gerardo García Martínez, quien informó que los empresarios a los que han tenido oportunidad de informales sobre la Marquesada, se han mostrado a favor del proyecto, aunque será hasta el próximo domingo cuando se lleve a cabo una reunión formal con ellos.

García Martínez indicó que todos los martes sostienen reuniones con los empresarios del sector turismo, pues en el municipio existe un padrón de 60 propietarios de hoteles, restaurantes y todo aquel comercio que trate de manera directa con los visitantes, pero a la realizada el martes pasada sólo acudieron 5. Informó que a esos 5 se les dio a conocer sobre el proyecto de hacer en Salvatierra una pamplonada y se mostraron a favor de participar activamente, tras reconocer que una acción de esta especie atraería turismo al municipio y por ende una derrama económica importante.

Por su parte, el coordinador de Comunicación Social, Rodrigo Carrasco Ramírez, explicó que el próximo domingo se invitará a todos los empresarios a una reunión en donde se dará a conocer el proyecto formal y comenzar a prever sobre todo los aspectos de seguridad para los asistentes.

Sin embargo, Héctor Espinosa, encargado del Hotel San Pablo de Salvatierra ubicado sobre la calle Hidalgo, indicó que sería benéfico para el municipio un proyecto de esta especie, pero se dijo que el alcalde debería hacer una junta para informar a los dueños de los establecimientos por donde pasarían los toros, ya que les repercutiría en la seguridad y la protección.

Armando Muñoz Aguilar, encargado de un restaurante de la calle Zaragoza, de igual forma dijo desconocer sobre la posibilidad de hacer una pamplonada, pero le agradó la idea porque dijo "ese tipo de eventos atrae gente de fuera y en esos casos hasta la que vende chicles le va bien por la derrama económica; creo que hasta podríamos hacer una cooperacha para lograrlo".

PLANES

“Actualmente apenas son proyectos y planes, aún no sabemos si lo podremos amarrar este año o el siguiente, pero estamos muy interesados en continuar esa tradición en el estado”.

Raúl Cardiel Gutiérrez, alcalde de Salvatierra

Atraco a Prenda Max en San Miguel




Momentos en que llegaban los peritos periciales para determinar el monto de lo robado a la casa de empeños. Foto: José Ortiz Moya.
El Sol del Bajío
25 de mayo de 2007

Alma Gabriela Pérez



San Miguel de Allende, Gto.- En días pasados, el dueño de una relojería céntrica fue víctima de un robo en el que se llevaron unas joyas de oro, que afortunadamente pudo recuperar. En esta ocasión, la casa de empeños "Prenda Max" de la calle de Insurgentes sufrió un robo de más de noventa mil pesos en efectivo, así como dieciocho kilos de oro.

La relojería "Rosas" ubicada en la calle de Mesones, sufrió un robo de joyas de oro con valor aproximado de ocho mil pesos, joyas de las cuales, se pudieron recuperar el mismo día de parte de los elementos de Seguridad Pública. Al día siguiente, el negocio de empeños "Prenda Max" ubicado en la calle paralela de donde se efectúo el primer robo, sufrió un robo, sin que hasta el momento se conozca a los responsables del mismo.

A las 8:45 de la mañana, las tripulaciones de las unidades RP-14 y M-35 de Seguridad Pública, a cargo de José Luis Vargas Hernández y el policía patrullero Saúl Hinojosa Cruz, procedieron a la calle Insurgentes número 64 en la zona centro, ya que recibieron el reporte de que se encontraba la puerta abierta del negocio de empeños "Prenda Max".

En el lugar, se encontraba la encargada del negocio y el elemento de seguridad privada, Gustavo Rubio Murillo, quienes denunciaron un robo en sus instalaciones. Arribaron también el agente del Ministerio Público de la agencia 4, Eduardo Lorenzini Cruz, así como los peritos periciales Miguel Ángel Cisneros y Héctor Contreras Martínez, los cuales estuvieron inspeccionando el lugar para determinar los daños. Al terminar la primera inspección, a las 13:45 horas, se indicó que el monto de lo robado asciende a los noventa mil pesos, así como el faltante de dieciocho kilos de oro aproximadamente.



Adiós a la sanmiguelada


No más toros sueltos en las calles de San Miguel Allende Foto: Martín Diego Rodríguez
Martín Diego Rodríguez
LA Jornada

San Miguel Allende, Gto., 24 de mayo. Luego de 34 años de celebrarse la tradicional sanmiguelada en este municipio, el alcalde panista Jesús Cobián Correa canceló esta fiesta, ''que nada tiene que ver con nuestras tradiciones'' e implica un gasto extraordinario en restauración de inmuebles históricos ''que no se reflejaba en la derrama económica''; además, ''nos encontramos rebasados en materia de seguridad''.

Asimismo, San Miguel Allende podría ser declarado patrimonio de la humanidad, por lo que el alcalde determinó mantener la estructura original de la ciudad y sus tradiciones, entre las cuales no figura la sanmiguelada, reiteró.

Esta fiesta, similar a la efectuada en Pamplona, España, se lleva a cabo el tercer sábado de septiembre y consiste en soltar un encierro de toros de lidia que corren por las calles de la ciudad, lo que solía dejar decenas de heridos y daños en las calles.

A la sanmiguelada, explicó el edil, llegaban cada año más de 50 mil personas, ''y con ese volumen es prácticamente imposible garantizar la seguridad de todos. En la edición pasada tuvimos un conato de bronca con armas de fuego'', advirtió.

El año pasado, recordó, se tuvieron que invertir tres millones de pesos para reparar la cantería y los jardines, para despintar y restaurar los portales y un sinnúmero de fachadas e inmuebles públicos maltratados por los visitantes.

El gobierno local promoverá sitios históricos y prehispánicos. ''Buscamos un turismo que nutra, que busque la preservación de las raíces mexicanas'', precisó.

jueves, 24 de mayo de 2007

Sin Sanmiguelada el trienio de Jesús Correa

Por: Emmanuel Moreno,
Jueves, 24 de Mayo de 2007
Correo

La fiesta será cancelada también los próximos dos años de mi gobierno, dijo el alcalde de SMA
San Miguel de Allende

La Sanmiguelada no solamente será suspendida este año, sino durante todo el trienio de Jesús Correa Ramírez.

De manera tajante, el anuncio lo hizo el mismo presidente municipal, quien advirtió que su responsabilidad es cuidar el patrimonio tangible e intangible de San Miguel de Allende, por lo que no solamente esta edición será cancelada, sino también la de los próximos dos años.

"El compromiso que tiene Jesús Correa es permanente y estamos hablando de la importancia de que este evento no se lleve a cabo, que sea permanente el cuidado de nuestro patrimonio.

Si la gente está pensando que nosotros estamos escondiendo el polvo bajo la alfombra para que sea sólo un año y después reactivarla, claro que no. "Nuestro patrimonio y todos estos eventos no son para esconderse, son para presumirse, entonces en el gobierno de Jesús Correa no habrá Sanmiguelada, es un hecho", sentenció.

El alcalde dijo estar comprometido a no realizar la fiesta taurina durante su gobierno y señaló que el anuncio ha sido motivo de felicitación para las autoridades de San Miguel de Allende.
Al cuestionar si esta decisión no representa un ruptura con los prestadores de servicios, Correa Ramírez puntualizó que no con los más serios. "De ninguna manera, los prestadores serios de San Miguel, los que tienen las mejores inversiones, claro que las están cuidando, lo cual significa no aceptar el deterioro por un día y que todo se rompa, incluso es un reto para ellos mismos.

El reto para mejorar sus servicios, ser mejores y tener mejores instalaciones, de primer nivel y calidad", refirió.

Luego de ser revelado el documento en donde el ayuntamiento en pleno definió la negativa para la realización del evento, el presidente municipal abundó que el oficio es de consenso general, porque lo que está claro y siempre lo ha estado, es que no habrá Sanmiguelada.

"Estuve ayer en 2 eventos con el gobernador fuera de la ciudad, de tal suerte que yo mismo no he firmado el documento, ahora voy para la oficina, se firmará y se hará del conocimiento público.

Sé que por allí a alguien se le escapó la noticia y se desvirtuó, pero en esencia no se ha desvirtuado porque conocen la postura que el alcalde ha tenido desde su inicio y claro que durante los 3 años del gobierno de Jesús Correa no habrá Sanmiguelada. No habrá", reiteró.

NO HUBO ERROR: MIRIAM ALEJO
Nunca se remitió un documento sin firmas a una estación radiofónica local, según afirmó la directora de Comunicación Social, Míriam Alejo Torres. Aunque el "error" fue reconocido por el secretario del Ayuntamiento, Cristóbal Finkelstein Franyutti y el mismo alcalde, Jesús Correa, la titular de dicha dependencia señaló que por parte de la dirección de Comunicación Social nunca se envió el oficio a los medios de comunicación sobre la cancelación de la Sanmiguelada.

"Quiero decir que siempre se han respetado los tiempos para que las cosas se hagan de la forma que indican, respetando la personalidad de quienes en su momento solicitaron el permiso para poder realizar esta fiesta, que eran las primeras que tenían que enterarse de la respuesta que hubo.

No fue un comunicado formal para los medios de comunicación", aclaró. Alejo Torres dijo que lo que sí hubo fue un documento a revisión para los regidores, pero no para los medios de comunicación.

Abrirán acceso a zona arqueológica en Guanajuato


El Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato negocia con la propietaria de un rancho el paso al sitio arqueológico Cañada de la Virgen, a fin de que el próximo año pueda abrirse al público, luego de 11 años de litigio Foto: Martín Diego Rodríguez

Plantean expropiar a la propietaria del rancho donde se encuentran las ruinas

MARTIN DIEGO RODRIGUEZ
La Jornada

San Miguel Allende, Gto., 23 de mayo. La zona arqueológica Cañada de la Virgen se encuentra dentro de un rancho ganadero propiedad de la ciudadana alemana Regina A. von Bohlen. Luego de más de 11 años de litigios y de aplicar una millonaria inversión en preservación, estudios, restauración y protección del lugar, el gobierno de Guanajuato advirtió que de no permitirse el libre acceso a la zona federal se expropiará el camino de acceso a la zona prehispánica.

Cañada de la Virgen es el centro ceremonial más importante de la zona centro de México; incluye vestigios de la civilización tolteca. El año pasado se descubrieron ahí una tumba conmemorativa y la osamenta de un personaje de alto rango, probablemente un rey o un sacerdote.

La zona federal, que ocupa 731 hectáreas, se encuentra dentro de una cañada que fue vendida a Von Bohlen en 1999, como parte de un predio de 5 mil 71 hectáreas. Aunque la sociedad civil efectuó trabajos de recuperación entre 1983 y 1987, fue apenas en 1995 cuando el gobierno local erogó la primera partida de recursos públicos y en 1996 la administración estatal, a cargo de Vicente Fox Quesada, se comprometió a darle seguimiento a las actividades ralizadas por organizaciones sociales para recuperar la zona arqueológica.

Sin embargo, tras la venta del predio a la ciudadana alemana, las condiciones cambiaron y los sucesivos gobiernos de Fox Quesada, Ramón Martín Huerta y Juan Carlos Romero Hicks no se ocuparon de la recuperación del predio. Eso sí, cada año se erogaron casi 4 millones de pesos para trabajos de investigación, restauración y exploración de la zona.

Con la intención de que el sitio ''pueda ser abierto al público, hemos iniciado ya charlas con la propietaria del rancho para que se permita el paso a la zona arqueológica; de lo contrario, se procederá a la expropiación'', advirtió el director del Instituto Estatal de la Cultura (IEC) Juan Alcocer Flores.

Aun para los antropólogos, pasar a la propiedad era engorroso. ''(Von Bohlen) determinaba quién pasaba y quién no, pero ya entregó las llaves del acceso y a partir de ahora el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH) va a tener el control'', dijo Juan Alcocer.

El director del IEC insistió en que, después de una serie de peticiones a los gobiernos estatales, no se había tomado una decisón, a pesar de que en 2000 el Comité de Defensa de la Zona Arqueológica Cañada de la Virgen, constituido por la sociedad civil, pidió la expropiación para abrir el sitio arqueológico.

''La embestida no es gratuita. El desarrollo de la zona arqueológica llegó a un punto en que es necesario el camino; no puede seguirse usando la servidumbre de paso (brecha delimitada por una puerta privada) en el estado en que está porque sólo puede entrarse en un vehículo de doble tracción o a caballo. Ya es necesario ir haciendo el camino para poder llegar a la zona, a ver si la abrimos al público a principios del año próximo'', manifestó.

Buscan concretar presa El Realito

Sofía Negrete
Periodico AM

El proyecto de la presa El Realito que abastecerá de agua a Celaya y San Miguel de Allende es casi una realidad. Para continuar el proceso se necesita que la Comisión Nacional de Agua agilice la emisión del decreto de reserva de agua para los estados involucrados.

Angélica Casillas Martínez, secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato (CEAG), explicó “el proyecto de ingeniería básica ejecutivo ya se tiene terminado, falta la validación de la CNA se trabajó en los avalúos y se tiene el impacto ambiental por parte del consultor en corrección de acuerdo a algunas observaciones que se hicieron al mismo”.

En total se tiene previsto que el proyecto tenga un costo de 3 mil 700 millones de pesos, beneficiando a los estado de San Luís Potosí, Guanajuato y también Querétaro.

El jueves pasado el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y su homólogo de San Luís Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, se comprometieron en impulsar ya la obra hidráulica de la presa El Realito, que beneficiará a los dos estados y que se construirá en San Luís de la Paz.

Sin embargo, para arrancar el proyecto primero se necesita que la CNA emita el decreto de reserva de los estados porque las aguas son propiedad de la nación. Sin el decreto no se puede iniciar la obra.

El decreto de reserva marca el volumen de agua que se asignará a Guanajuato, San Luís Potosí y Querétaro.

miércoles, 23 de mayo de 2007

CRÓNICA DE UNA INJUSTICIA

Manuel Padilla Muñoz
Semanario Sin Censura
Lunes 23 de abril de 2007
La cara oculta de los Azulejos

Los empresarios laguneros que tengan la intención de invertir en el estado de Guanajuato, deben pensarlo dos veces, porque, aparte de perder su inversión, pueden terminar en la cárcel. El vía crucis que ha sufrido el joven empresario lagunero oscar Gutiérrez del Bosque, es el mejor ejemplo de la terrible corrupción que priva en los medios judiciales de ese estado, tierra del ex presidente Vicente Fox Quesada, que cuando fue gobernador del estado, invitó a empresarios del país a invertir en esa entidad, la que consideraba “tierra de oportunidades”, según copia que tenemos en nuestro poder de esa invitación fechada en el año de 1977.

Oscar Gutiérrez del Bosque ha sido víctima de la corrupción en la procuración e impartición de justicia que priva actualmente en el estado de Guanajuato que culminó con la detención, a todas luces ilegal del empresario lagunero por un supuesto delito de despojo de tierras, que nunca cometió, en el municipio de San miguel de Allende, Guanajuato.

Pero no solamente eso sino que, mediante un tráfico de influencias con políticos panistas, para que no obtuviera su libertad y ser fácil presa de los “zopilotes”, la jueza de un juzgado penal le ha fijado una caución de ¡500 MILLONES DE PESOS!, cantidad que aparte de ser inaudita, no se conoce un monto igual en México. Es más, ni siquiera a los “delincuentes de cuello blanco” se les fijó. En Guanajuato, en cambio, a un empresario que creyó en las bondades prometidas por el entonces gobernador Vicente Fox Quesada, e invirtió su dinero que ahora está a punto de perder, se le aplicaron los “caminos torcidos de la corrupción en la ley y su aplicación”.

Oscar Gutiérrez del Bosque compró, al norteamericano Richard Bernard Lett, un predio rústico, denominado “Los Charcos”, de 150 hectáreas. El predio fue entregado a Oscar Gutiérrez, y así lo testifica un video en nuestro poder, el 16 de agosto del 2006. El predio se encuentra en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato.

El empresario lagunero adquirió más tierras para construir un proyecto inmobiliario con campo de golf.

La situación es que, posteriormente, el norteamericano ofreció comprarle el proyecto a Oscar por 15 millones de dólares, con un pago inicial de un millón de dólares y un segundo pago de 9 millones y otro final de 5 millones.

Sin embargo, un día antes de que se venciera el plazo para el segundo pago de 9 millones de dólares, el norteamericano intentó levantar un acta notarial para hacer constar su supuesta posesión del terreno argumentando que lo habían dejado entrar al mismo y que, incluso, tenía, dentro del mismo, trabajadores a su servicio.

Lo cierto es que Richard Bernard Lett incumplió con el segundo pago d e 9 millones de dólares. A pesar de lo anterior, el norteamericano presentó una denuncia por despojo, un año y 9 meses después, por lo que se llamó a Oscar Gutiérrez a rendir declaración.

El 11 de septiembre pasado, se presentó Oscar Gutiérrez ante el Ministerio Público a rendir declaración pero la representación social no le permitió hacerlo y en cambio consignó la averiguación y solicitó la orden de aprehensión.

Lo grave del caso es que oscar fue detenido en forma injusta por agentes de la AFI y encerrado y aislado, donde recibió la visita de los “zopilotes”, Aldo Díaz Pérez quien le pedía que le cediera el 60 por ciento de los terrenos de los Azulejos a cambio de ayudarle pues dijo que era apoyado por el influyente diputado panista Ricardo Cervantes, quien es del grupo de Diego Fernández de Cevallos.

La injusticia es que ahora la juez penal, primero le fijó una caución como monto de la reparación del daño por 150 millones de pesos.

Pero ahora, la misma jueza ha revocado tal cantidad y la ha fijado en 500 millones de pesos. La que se considera la más alta en México para un delito no considerado grave.

Es por eso que ahora Oscar Gutiérrez del Bosque ha apelado a todas las instancias judiciales para no ser, de nuevo, víctima de la injusticia de la mala impartición de la justicia en Guanajuato.

Carta de Aalborg

 Carta de las ciudades europeas hacia sostenibilidad

(Tal como fue aprobada por los participantes en la Conferencia europea sobre ciudades sostenibles celebrada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994)

  • Parte I: Declaración de consenso: las ciudades europeas hacia un desarrollo sostenible
  • Parte II: Campaña de ciudades europeas sostenibles
  • Parte III: Participación en las iniciativas locales del Programa 21: planes de acción local en favor de un desarrollo sostenible.

La Carta de Aalborg fue aprobada por los participantes en la Conferencia europea sobre ciudades sostenibles, celebrada en Aalborg (Dinamarca) entre los días 24 y 27 de mayo de 1994 bajo el patrocinio conjunto de la Comisión Europea y la ciudad de Aalborg y organizada por el Consejo internacional de iniciativas ambientales locales (ICLEI). Este organismo asumió la responsabilidad de elaborar el proyecto de la Carta junto con el Ministerio de planificación y transporte urbanos del estado federado alemán de Renania del Norte- Westfalia. La Carta refleja las ideas y los términos de un gran número de colaboradores.

La Carta de Aalborg fue firmada inicialmente por 80 autoridades locales europeas y 253 representantes de organizaciones internacionales, gobiernos nacionales, centros científicos, asesores y particulares. Con la firma de la Carta, las ciudades, poblaciones menores y unidades territoriales de Europa se comprometieron a participar en las iniciativas locales del Programa 21 y a desarrollar programas a largo plazo hacia un desarrollo sostenible, a la vez que iniciaron la campaña de ciudades europeas sostenibles.

El proyecto de la Carta fue debatido por más de 600 participantes en los 36 cursos prácticos de la Conferencia de Aalborg. En el texto definitivo se incorporaron muchas observaciones y sugerencias. Sin embargo, el grupo de redacción de la Carta consideró que numerosas propuestas de modificaciones básicas y sustanciales merecían un examen y un debate más detallados y no podían incluirse como un mero aspecto de redacción. En consecuencia, se propuso que la revisión de las modificaciones propuestas fuera responsabilidad del comité de coordinación de la campaña y que la Carta fuera desarrollada en mayor medida y sometida a los participantes en la segunda Conferencia europea sobre ciudades sostenibles, que se celebrará en septiembre de 1996 en Lisboa (Portugal).

Parte I: Declaración de consenso Las ciudades europeas hacia Sostenibilidad

I.1 El papel de las ciudades europeas

Nosotras, ciudades europeas, signatarias de la presente Carta, declaramos que en el curso de la historia hemos conocido imperios, estados y regímenes y hemos sobrevivido a ellos como centros de la vida social, portadores de nuestras economías y guardianes de la cultura, el patrimonio y la tradición. Junto con las familias y los barrios, las ciudades han sido la base de nuestras sociedades y estados, el centro de la industria, el artesanado, el comercio, la educación y el gobierno.

Comprendemos que nuestro actual modo de vida urbano, en particular nuestras estructuras de división del trabajo y de las funciones, la ocupación del suelo, el transporte, la producción industrial, la agricultura, el consumo y las actividades de ocio, y por tanto nuestro nivel de vida, nos hace especialmente responsables de muchos problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad. Este hecho es especialmente significativo si se tiene en cuenta que el 80% de la población europea vive en zonas urbanas.

Hemos aprendido que los actuales niveles de consumo de recursos en los países industrializados no pueden ser alcanzados por la totalidad de la población mundial, y mucho menos por las generaciones futuras, sin destruir el capital natural. Estamos convencidas de que la vida humana en este planeta no puede ser sostenible sin unas comunidades locales viables. El gobierno local está cerca del lugar donde se perciben los problemas ambientales y muy cerca de los ciudadanos; comparte además con los gobiernos a todos los niveles la responsabilidad del bienestar del hombre y de la naturaleza. Por consiguiente, las ciudades tienen una función determinante en el proceso de cambio de los modos de vida, de la producción, del consumo y de las pautas de distribución del espacio.

I.2 Noción y principios de sostenibilidad

Nosotras, ciudades, comprendemos que el concepto de desarrollo sostenible nos ayuda a basar nuestro nivel de vida en la capacidad transmisora de la naturaleza. Tratamos de lograr una justicia social, unas economías sostenibles y un medio ambiente duradero. La justicia social pasa necesariamente por la sostenibilidad económica y la equidad, que precisan a su vez de una sostenibilidad ambiental. La sostenibilidad ambiental significa preservar el capital natural. Requiere que nuestro consumo de recursos materiales, hídricos y energéticos renovables no supere la capacidad de los sistemas naturales para reponerlos, y que la velocidad a la que consumimos recursos no renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables duraderos. La sostenibilidad ambiental significa asimismo que el ritmo de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y del suelo de absorberlos y procesarlos.

La sostenibilidad ambiental implica además el mantenimiento de la diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua y el suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar humanos, así como la flora y la fauna, para siempre.

I.3 Estrategias locales hacia la sostenibilidad

Nosotras, ciudades, estamos convencidas de que la ciudad es, a la vez, la mayor entidad capaz de abordar inicialmente los numerosos desequilibrios arquitectónicos, sociales, económicos, políticos, ambientales y de recursos naturales que afectan al mundo moderno y la unidad más pequeña en la que los problemas pueden ser debidamente resueltos de manera integrada, holística y sostenible. Puesto que todas las ciudades son diferentes, debemos hallar nuestras propias vías hacia la sostenibilidad. Integraremos los principios de sostenibilidad en todas nuestras políticas y haremos de nuestras fuerzas respectivas la base de estrategias adecuadas a nivel local.

I.4 La sostenibilidad como proceso creativo local en busca del equilibrio

Nosotras, ciudades, reconocemos que la sostenibilidad no es ni un sueño ni una situación inmutable, sino un proceso creativo local en pos del equilibrio que se extiende a todos los ámbitos de la toma de decisiones en este nivel. Permite un retorno de información permanente sobre las actividades que impulsan el ecosistema urbano hacia el equilibrio y aquellas que lo alejan de él. Al basar la gestión urbana en la información recogida a través de un proceso semejante, la ciudad aparece como un todo orgánico, haciéndose patentes los efectos de todas las actividades importantes.

Mediante un proceso de este tipo, la ciudad y sus habitantes pueden elegir entre opciones con conocimiento de causa y un sistema de gestión cimentado en la sostenibilidad permite tomar decisiones que no representan únicamente los intereses de las personas afectadas, sino también los de las generaciones futuras.

I.5 Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas

Nosotras, ciudades, reconocemos que no podemos permitirnos trasladar nuestros problemas ni a comunidades más grandes ni a las generaciones futuras. Por consiguiente, debemos resolver nuestras dificultades y desequilibrios primero por nosotras mismas y, en su caso con la ayuda de entidades regionales o nacionales. Este es el principio de la concertación, cuya aplicación dará a cada ciudad una mayor libertad para definir la naturaleza de sus actividades.

I.6 La economía urbana hacia sostenibilidad

Nosotras, ciudades, comprendemos que el factor restrictivo de nuestro desarrollo económico se ha convertido en nuestro capital natural, como el aire, el suelo, el agua y los bosques. Debemos invertir, por tanto, en este capital, respetando el siguiente orden prioritario:

1. invertir en la conservación del capital natural existente (reservas de aguas subterráneas, suelo, hábitats de especies raras);

2. fomentar el crecimiento del capital natural, reduciendo el nivel de explotación actual (por ejemplo, de las energías no renovables);

3. aliviar la presión sobre las reservas de capital natural creando otras nuevas, como parques de esparcimiento urbano para mitigar la presión ejercida sobre los bosques naturales;

4. incrementar el rendimiento final de los productos, como edificios de alto rendimiento energético o transportes urbanos respetuosos del medio ambiente.

I.7 Justicia social para urbano sostenibilidad

Nosotras, ciudades, somos conscientes de que son los pobres los más afectados por los problemas ambientales (ruido, contaminación del tráfico, ausencia de instalaciones de esparcimiento, viviendas insalubres, inexistencia de espacios verdes) y los menos capacitados para resolverlos. El desigual reparto de la riqueza es la causa de un comportamiento insostenible y hace más difícil el cambio. Tenemos la intención de integrar las necesidades sociales básicas de la población, así como los programas de sanidad, empleo y vivienda, en la protección del medio ambiente. Queremos aprender de las primeras experiencias modos de vida sostenibles, de forma que podamos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en lugar de maximizar simplemente el consumo.

Trataremos de crear puestos de trabajo que contribuyan al sostenibilidad de la comunidad, reduciendo así el desempleo. Al intentar atraer o crear empleo, evaluaremos los efectos de las oportunidades económicas en términos de sostenibilidad a fin de favorecer la creación de puestos de trabajo y productos duraderos que se ajusten a los principios de sostenibilidad.

I.8 Una ocupación del suelo sostenible

Nosotras, ciudades, reconocemos la importancia de que nuestras autoridades locales apliquen unas políticas eficaces de ordenación del territorio que impliquen una evaluación ambiental estratégica de todos los planes. Debemos aprovechar las oportunidades que ofrecen las concentraciones urbanas más grandes de proporcionar eficaces servicios públicos de transporte y de suministro de energía, manteniendo al mismo tiempo la dimensión humana del desarrollo. Al emprender programas de renovación del centro de las ciudades y al planificar nuevas zonas suburbanas, tratamos de asociar diferentes funciones con el fin de reducir la movilidad. El concepto de interdependencia regional equitativa debe permitirnos equilibrar los flujos entre el campo y la ciudad e impedir a las ciudades una mera explotación de los recursos de las zonas periféricas.

I.9 Una movilidad urbana sostenible

Nosotras, ciudades, debemos esforzarnos por mejorar la accesibilidad y por mantener el bienestar y los modos de vida urbanos a la vez que reducimos el transporte. Sabemos que es indispensable para una ciudad viable reducir la movilidad forzada y dejar de fomentar el uso innecesario de los vehículos motorizados. Daremos prioridad a los medios de transporte respetuosos del medio ambiente (en particular, los desplazamientos a pie, en bicicleta o mediante los transportes públicos) y situaremos en el centro de nuestros esfuerzos de planificación una combinación de estos medios. Los diversos medios de transporte urbanos motorizados deben tener la función subsidiaria de facilitar el acceso a los servicios locales y de mantener la actividad económica de las ciudades.

I.10 Responsabilidad del cambio climático mundial

Nosotras, ciudades, comprendemos que los riesgos considerables que entraña el calentamiento del planeta para los entornos naturales y urbanos y para las generaciones futuras requieren una respuesta adecuada para estabilizar y posteriormente reducir lo más rápidamente posible las emisiones de gases de efecto invernadero. Es igualmente importante proteger los recursos mundiales de la biomasa, como los bosques y el fitoplancton, que desempeñan un papel fundamental en el ciclo del carbono del planeta. La reducción de las emisiones de combustibles fósiles precisará de políticas e iniciativas basadas en un conocimiento exhaustivo de las alternativas y del medio urbano como sistema energético. Las únicas alternativas sostenibles son las fuentes de energía renovables.

I.11 Prevención de la intoxicación de los ecosistemas

Nosotras, ciudades, somos conscientes de la creciente cantidad de sustancias tóxicas y peligrosas presentes en la atmósfera, el agua, el suelo y los alimentos y de que éstas constituyen una amenaza cada vez mayor para la salud pública y los ecosistemas. Trataremos por todos los medios de frenar la contaminación y prevenirla en la fuente.

I.12 La autogestión a nivel local como condición necesaria

Nosotras, ciudades, estamos convencidas de que tenemos la fuerza, el conocimiento y el potencial creativo necesarios para desarrollar modos de vida sostenibles y para concebir y gestionar nuestras colectividades en la perspectiva de un desarrollo sostenible. En tanto que representantes de nuestras comunidades locales por elección democrática, estamos listos para asumir la responsabilidad de la reorganización de nuestras ciudades con la mira puesta en el desarrollo sostenible. La capacidad de las ciudades de hacer frente a este desafío depende de los derechos de autogestión que les sean otorgados en virtud del principio de subsidiariedad. Es fundamental que las autoridades locales tengan los poderes suficientes y un sólido apoyo financiero.

I.13 El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad

Nosotras, ciudades, nos comprometemos, de acuerdo con el mandato del Programa 21, documento clave aprobado en la cumbre de Río de Janeiro, a colaborar con todos los sectores de nuestras comunidades - ciudadanos, empresas, grupos de interés - en la concepción de nuestros planes locales de apoyo a dicho Programa. Tomamos en consideración el llamamiento del quinto programa de acción en materia de medio ambiente de la Unión Europea, "Hacia un desarrollo sostenible", de compartir la responsabilidad de la aplicación del programa entre todos los sectores de la comunidad. Por consiguiente, basaremos nuestros trabajos en la cooperación entre todas las partes implicadas. Garantizaremos el acceso a la información a todos los ciudadanos y grupos interesados y velaremos por que puedan participar en los procesos locales de toma de decisiones. Perseguiremos por todos los medios la educación y la formación en materia de desarrollo sostenible, no sólo para el público en general, sino también para los representantes electos y el personal de las administraciones locales.

I.14 Instrumentos de la gestión urbana orientada hacia sostenibilidad

Nosotras, ciudades, nos comprometemos a utilizar los instrumentos políticos y técnicos disponibles para alcanzar un planteamiento ecosistemático de la gestión urbana. Recurriremos a una amplia gama de instrumentos para la recogida y el tratamiento de datos ambientales y la planificación ambiental, así como instrumentos reglamentarios, económicos y de comunicación tales como directivas, impuestos y derechos, y a mecanismos de sensibilización, incluida la participación del público. Trataremos de crear nuevos sistemas de contabilidad ambiental que permitan una gestión de nuestros recursos naturales tan eficaz como la de nuestro recurso artificial, "el dinero".

Sabemos que debemos basar nuestras decisiones y nuestros controles, en particular la vigilancia ambiental, las auditorias, la evaluación del impacto ambiental, la contabilidad, los balances e informes, en diferentes indicadores, entre los que cabe citar la calidad del medio ambiente urbano, los flujos y modelos urbanos y, sobre todo, los indicadores de sostenibilidad de los sistemas urbanos.

Nosotras, ciudades, reconocemos que ya se han aplicado con éxito en muchas ciudades europeas toda una serie de políticas y actividades positivas para el medio ambiente. Estas constituyen instrumentos válidos para frenar y atenuar el desarrollo no sostenible, aunque no pueden por sí solas invertir esta tendencia de la sociedad. No obstante, con esta sólida base ecológica, las ciudades se hallan en una posición excelente para dar el primer paso e integrar estas políticas y actividades en su sistema de administración a fin de gestionar las economías urbanas locales a través de un proceso de sostenibilidad global. En este proceso estamos llamados a concebir y probar nuestras propias estrategias y a compartir nuestras experiencias.

Parte II: Campaña de ciudades europeas sostenibles

Nosotras, ciudades europeas, signatarias de la presente Carta, trabajaremos juntas por un desarrollo sostenible en un proceso de aprendizaje a partir de la experiencia y de los éxitos logrados a nivel local. Nos animaremos mutuamente a establecer planes de acción locales a largo plazo (programas locales 21), reforzando así la cooperación entre las autoridades e integrando este proceso en las iniciativas de la Unión Europea en materia de medio ambiente urbano.

Ponemos en marcha la campaña de ciudades europeas sostenibles para alentar y apoyar a las ciudades en sus trabajos a favor de un desarrollo sostenible. La fase inicial de esta campaña tendrá una duración de dos años y será objeto de una evaluación en la segunda conferencia europea sobre ciudades sostenibles, que se celebrará en 1996.

Invitamos a todas las autoridades locales, ya lo sean de ciudades, poblaciones menores o provincias, y a todas las redes de autoridades locales europeas a participar en la campaña mediante la adopción y la firma de la presente Carta. Instamos a todas las grandes redes de autoridades locales europeas a coordinar la campaña. Se creará un comité de coordinación formado por representantes de estas redes. Se tomarán medidas para aquellas autoridades locales que no formen parte de ninguna red.

Los principales objetivos de esta campaña serán los siguientes:
facilitar la asistencia mutua entre ciudades europeas para la concepción y la aplicación de políticas orientadas hacia el desarrollo sostenible;
recoger y divulgar la información sobre experiencias satisfactorias a nivel local;
fomentar el principio de desarrollo sostenible entre las demás autoridades locales;
captar nuevos signatarios de la Carta;
organizar todos los años un "premio de la ciudad sostenible";
formular recomendaciones políticas a la Comisión Europea;
contribuir a los informes de ciudades sostenibles del grupo de expertos sobre medio ambiente urbano;
ayudar a los responsables de la toma local de decisiones a aplicar la legislación y las recomendaciones adecuadas de la Unión Europea;
publicar un boletín de información de la campaña.

Estas actividades requerirán el establecimiento de una coordinación de la campaña.

Invitaremos a otras organizaciones a participar activamente en esta campaña.

Parte III: Participación en las iniciativas locales del Programa

21: planes de acción local en favor de sostenibilidad

Nosotras, ciudades europeas, signatarias de la presente Carta, nos comprometemos con su firma y con la participación en la campaña de ciudades europeas sostenibles a tratar de llegar a un consenso en el seno de nuestras comunidades sobre un Programa 21 de alcance local antes de finales de 1996. Daremos así respuesta al mandato establecido en el capítulo 28 del Programa 21, aprobado en la cumbre de Río de junio de 1992. Por medio de nuestras actividades locales, contribuiremos a la aplicación del quinto programa de acción de la Unión Europea en materia de medio ambiente, "Hacia un desarrollo sostenible". Las iniciativas locales de apoyo al Programa 21 se llevarán a cabo sobre la base de la primera parte de la presente Carta.

Proponemos que la preparación de un plan de acción local incluya las siguientes etapas:
reconocimiento de los métodos de planificación y de los mecanismos financieros existentes, así como otros planes y programas;
localización sistemática de los problemas y de sus causas mediante extensas consultas públicas;
clasificación de las tareas por orden de prioridad para tratar los problemas detectados;
creación de un modelo de comunidad sostenible mediante un proceso participativo que incluya a todos los sectores de la comunidad;
consideración y evaluación de opciones estratégicas alternativas;
establecimiento de un plan de acción local a largo plazo en favor de un desarrollo sostenible que incluya objetivos mensurables;
programación de la aplicación del plan, incluida la preparación de un calendario y una declaración del reparto de responsabilidades entre los participantes;
establecimiento de sistemas y procedimientos para la supervisión y la notificación de la aplicación del plan.

Tendremos que determinar si los acuerdos internos de nuestras autoridades locales son adecuados y eficaces para llevar a cabo las iniciativas locales del Programa 21, incluidos planes de acción locales a largo plazo en favor de un desarrollo sostenible. Pueden resultar necesarios esfuerzos adicionales para mejorar la capacidad de la organización, que incluirán la revisión de los acuerdos políticos, los procedimientos administrativos, los trabajos colectivos e interdisciplinares, los recursos humanos disponibles y la cooperación entre las autoridades, incluidas asociaciones y redes.

Firmada en Aalborg, Dinamarca, el 27 de mayo de 1994.

"Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial".

Se firma la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles bajo el lema: "Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial".

CONSTRUIBLE.es
- 23/05/2007



La Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo participará mañana día 24 de mayo en la Reunión Informal de Ministros Europeos de Urbanismo que se celebrará en la ciudad alemana de Leipzig. En este encuentro se firmará la Carta de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles. Este documento servirá de referencia para las políticas de Desarrollo Urbano en el inicio del nuevo periodo de Fondos Europeos e incorporará la propuesta española de que el desarrollo urbano y las políticas de vivienda se conviertan en temas permanentes en las futuras Reuniones Ministeriales de la UE.

La Ministra pondrá de relieve la importancia de la planificación urbana a largo plazo, una planificación que debe combatir los fenómenos de expansión y dispersión de la urbanización mediante el fomento de las políticas de rehabilitación y regeneración del tejido urbano existente en vez de consumir nuevo suelo; "lo que contribuirá a poner en valor el importante parque de vivienda en desuso en nuestras ciudades".

La reunión de Leipzig se desarrollará bajo el lema: 'Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial' y está programada dentro de los actos organizados por la presidencia alemana de la UE. El tema central será la regeneración urbana de las ciudades europeas.

Al encuentro asistirán ministros de Urbanismo y Vivienda de los países de la Unión Europea, además de países candidatos a la UE: Croacia, Macedonia, Turquía y países invitados: Islandia, Noruega, Suiza y Rusia.

Ciudades sostenibles

La reunión de Leipzig pretende iniciar un debate para integrar los principios de sosteniblidad de las ciudades en las políticas nacionales, regionales y locales de los Estados Europeos siguiendo la filosofía de la 'Declaración de Bristol' del 6 de diciembre de 2005. Este documento político define los criterios que, según la UE, debe tener una comunidad para ser considerada sostenible: con un buen nivel económico, alto empleo, integradora, con buenos servicios y bien conectada. Respetuosa con el medioambiente, bien diseñada y construida y en la que los ciudadanos participen directamente de las decisiones de sus representantes.

Veta Municipio sanmiguelada

 Francisco Hernández
Períodico AM

Es definitivo: el gobierno de San Miguel de Allende canceló la celebración de la ‘Sanmiguelada’ a partir de este año para dar preferencia a la obtención del nombramiento a la ciudad como ‘Patrimonio Cultural de la Humanidad’ por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura.

Jesús Correa, presidente municipal de San Miguel de Allende, explicó que el pleno del Ayuntamiento decidió por unanimidad cancelar esta celebración tipo ‘pamplonada’ la tarde del lunes, debido a que se ha salido de control su realización y afecta el proceso para obtener el reconocimiento a nivel mundial por la UNESCO.

“Ya se tocó el tema en el Ayuntamiento, en una reunión lo decidimos y no hay sanmiguelada”.

El Alcalde explicó que desde el viernes de la semana pasada la fracción del PAN, el PRI y dos regidores del PRD ya estaban de acuerdo en cancelar la sanmiguelada, pero todavía faltaban algunos regidores de convencerse.

El lunes por la tarde se volvió a tocar el tema en el Ayuntamiento y ahí es cuando los 12 integrantes del Cabildo deciden aprobar por unanimidad la cancelación de este tipo de festejos similar al que se realiza en Pamplona, España.

Respecto a las afectaciones a negocios como restaurantes y hoteles por la cancelación de la sanmiguelada, el Alcalde reconoció que es un fin de semana que les afecta, pero sobre todo a los negocios que sólo se dedicaban a vender bebidas alcohólicas.

“Nosotros le apostamos a que sean 52 fines de semana de permanencia continúa de un turismo de calidad y esos días como el de la pamplonada se benefician sólo negocios que no ofrecen buena calidad, pero sí venden alcohol que busca la muchachada y ellos sí se ven afectados.

“Se afecta a los que no tienen un negocio fuerte, de servicio, de comida de calidad y ellos son los afectados, pero la mayoría de los empresarios serios de San Miguel nos dicen que les quitamos problemas de encima”.

Dijo que los negocios diferentes a los restaurantes u hoteles también están de acuerdo en cancelar la sanmiguelada, debido a que en ocasiones los jóvenes pedían permiso para entrar al baño y cuando salían se llevaban algunos de los objetos en venta.

Respecto a la decisión de cancelar la sanmiguelada, el Alcalde explicó que fue un evento que se formó hace 35 años para atraer los turistas a San Miguel de Allende, pero en las últimas ediciones se salió de control y lo comparó con el caso de un hijo desobediente.

“Es como cuando esperas un hijo, lo esperas con mucha ilusión, lo cuidas pero cuando crece se vuelve muy desobligado, latoso y ya no lo puedes controlar, por eso este evento de la sanmiguelada nos rebasó y es por eso que tomamos estas decisiones”.

Recordó que además de San Miguel de Allende otros 34 municipios en diferentes estados de la República buscan el reconocimiento de la UNESCO, por eso explicó que si en este 2007 no se logra el reconocimiento tendrían que pasar otros 34 años para intentar obtenerlo.

martes, 22 de mayo de 2007

Deterioro de los cauces del río de la Laja

Por el Ing. Arturo Morales Tirado

Con el acelerado incremento en la región de la actividad económica de la construcción, la cual se ha dado en los últimos 25 años, los recursos naturales pétreos (arena, grava, piedra bola, tierra lama) de los cauces de los ríos de esta zona desértica del Norte de Guanajuato (por ser, esta arena sílica, de origen desértico y de la erosión, con menos contenido de materia orgánica, es altamente demandada para la construcción) han sido el botín de no más de 5 grandes concentradores comerciales de arena y grava, lo que ha resultado en el acelerado deterioro de los cauces del río de la Laja y sus afluentes como el río de la Venta, el San Marcos o el San Damián.

Además de la destrucción en el sitio de los meandros y forma natural del cauce, el saqueo a este recurso natural se da en lo que estos acaparadores han llamado bancos de arena, siendo en realidad meandros naturales, resultado de acumular sedimentos de las zonas erosionadas, aguas arriba (en trayecto de la carretera San Miguel a Guanajuato se pueden apreciar).

Como para estos saqueadores de los recursos naturales lo importante son las utilidades económicas fáciles y rápidas, destruyen la sinuosidad natural de los cauces creando anchas franjas rectas en torno a hilos pequeños de agua, produciendo un grave daño ecológico al ecosistema de todo el sistema hidrológico de la cuenca alta del río Laja, aumentando la posibilidad de contaminación del acuífero superficial o somero, aumentando la intensidad de largos períodos de sequía en el lecho, la ribera y el cauce de los ríos y en las intensas inundaciones en época de agua, destruyendo la frágil biodiversidad acuática y terrestre, rompiendo al ritmo acelerado de la maquinaria pesada el equilibrio ecológico y ambiental de la región, lo que se ha traducido en conflictos sociales (desde hace 6 años: comunidad de río Laja en Dolores, o Cruz del Palmar y Banda en San Miguel) entre los campesinos, vecinos del río, los paleros (usan palas para extraer la arena), los trabajadores y dueños acaparadores de la arena, las autoridades ejidales y comunales, las autoridades municipales, estatales y federales (SEMARNAT Y CNA), teniendo, al final un acelerado incremento en la desigualdad socioeconómica que ha producido y produce un nuevo tipo de emigrante – refugiado, el emigrante ambiental.

Como en todo proceso de grave deterioro ambiental, como lo puede ser la tala inmoderada, la pesca con redes de arrastre, la agricultura comercial con altos consumos de agua en zonas desérticas como la de San Miguel de Allende, etc., en el saqueo de la arena de los ríos locales se da el círculo pernicioso en contra de los derechos humanos (derecho humano y constitucional a un medio ambiente sano): desigualdad, abuso de poder político – económico, corrupción e impunidad.

Es lo que hoy vivimos en el caso de una concesión desproporcionada por 10 años, en más de un kilómetro de extensión en el río San Marcos – San Damián, que CNA – SEMARNAT (con la anuencia del anterior gobierno municipal de San Miguel de Allende y el Instituto de Ecología de Guanajuato) han otorgado por diez años a una acaparadora de Querétaro, la Señora Feregrino, no sólo en detrimento del medio ambiente y rompiendo las restricciones que la propia CNA había puesto desde el 2003, en el sentido de no permitir concesiones por más de un año, también en detrimento de la incipiente organización de vecinos – paleros del río San Marcos – San Damián que agrupa a cerca de 100 colindantes, comuneros y ejidatarios, de las comunidades de Agustín González, el Espejo, Tierra Blanca, San Isidro Capadero y Cruz del Palmar, en el Municipio de San Miguel de Allende; quienes pretenden aprovechar sustentablemente la arena del río que es parte de su existencia en toda la extensión de la palabra.

Hoy, ellos, indignados, ven frente a sus ojos, como entre los cucharones y tolvas ajenas al municipio se llevan este recurso natural y la riqueza económica que le generará a su única concesionaria el saqueo de la arena sílice del lecho y ribera del río, dejándoles mayor marginación, destrucción de sus caminos, de su medio ambiente, de su ecosistema, de hábitat, de su hogar.

En la referida concesión a la Sra. Feregrino, CNA – SEMARNAT (con la anuencia del anterior gobierno municipal de San Miguel de Allende y el Instituto de Ecología de Guanajuato), han autorizado la destrucción de siete meandros, producto de la restauración natural pasiva del propio río, que se ha dado en los últimos cinco años, destruir lo restaurado con una autorización oficial, mientras, en semanas anteriores, con lujo de violencia se detiene, esposa, y encarcela a vecinos paleros por utilizar arena en carretillas (vecinos de Xoté), a la par, otros saqueadores de recursos naturales, con toda impunidad, explotan ilegalmente otros meandros (bancos de arena) en supuestas parcelas ejidales de Cruz del Palmar ( 200 metros al este) ya que no cuentan con el visto bueno de los ejidatarios ni cualquier tipo de autorización, o bien extraen la arena n la cercanía del vado de Cieneguita.

Ante lo anterior, vecinos del río, ciudadanos de organizaciones de la sociedad civil y profesionales ambientales, acudimos el pasado viernes 19, al llamado de alerta del actual Director de Medio Ambiente y Ecología en San Miguel de Allende, Don Paterson, para analizar y buscar solución a este grave problema.

domingo, 20 de mayo de 2007

“Saquean” arena a BC

MEX-13: “Saquean” arena a BC
Hugo José Ruvalcaba Valladares, La Crónica, Mexicali, Baja California - April 2006

Crece exportación a EU por restricción allá

Aproximadamente el 50% de la extracción de arena en México se realiza en Baja California, particularmente en Ensenada y Tecate, según los últimos datos revelados por Semarnat.

Tan sólo en el Municipio de Tecate, por ejemplo, existen 40 concesiones para extraer arena particularmente en la zona de Valle de las Palmas, de la cual en una hora salen un promedio de 20 a 25 góndolas de 10 metros desde las 06:00 hasta las 20:00 horas.

Según estadísticas de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en Baja California hay un total de 73 concesiones para la extracción de pétreos, de las cuales 39 son en Ensenada, 26 en Tecate, 7 en Tijuana y solamente una en Mexicali.

La CNA otorga las concesiones a los particulares una vez que la Semarnat hace el estudio de impacto ambiental y da una anuencia para que se pueda extraer arena en determinada zona del Estado.

El investigador del Cicese, Rogelio Vázquez Fernández comentó a este medio que la cifra de que Baja California es uno de los estados en donde más se extrae arena no debe significar una alarma para la población, pues el principal problema no es que se otorguen las concesiones para explotar pétreos sino la falta de supervisión una vez que se dan.

“Si la concesión indica que tienen un límite de determinados metros para explotar esta arena en los lechos de los arroyos, es común que los concesionarios agarren más espacio y es lo que se debe de cuidar”, expresó.

Uno de los efectos negativos del fenómeno es que el nuevo lecho del arroyo queda por debajo del máximo nivel del acuífero y eso aumenta la posibilidad de contaminación por evaporación.

Según el especialista uno de los factores que propició este auge en la extracción de arena en Baja California, fue que en el vecino Estado de California el Gobierno prohibió que se explotaran los bancos de arena en su territorio, razón por la cual se empezó a exportar el pétreo de poblados de Ensenada y Tecate hacia San Diego principalmente.

NOTA DE PORTADA ANEXA

Lanzan alerta

El último llamado de atención sobre la extracción desmedida de arena en el Estado lo hicieron los diputados locales Adrián Gallegos Gil y Elías López Mendoza, además del senador perredista Ricardo Gerardo Higuera.

En el Congreso de Baja California, Gallegos Gil y López Mendoza urgieron a que los representantes de CNA, Semarnat y Profepa informen lo que han hecho en la materia para impedir el saqueo y el impacto ambiental, sobre todo en la zona de Valle de Las Palmas en Tecate.

Mientras tanto el senador Gerardo Higuera protestó en la Ciudad de México porque se detenga el saqueo desmedido de arena, en donde según datos extraoficiales se exporta el 40% del pétreo a Estados Unidos.

REPORTAJE INTERIORES

Sin control extracción de arena en BC

Legisladores locales y federales señalan que el 50% de las concesiones del país se dieron en el estado; el problema no es que se den permisos sino la falta de supervisión y de estudios sobre impacto ambiental

Aproximadamente el 50% de la extracción de arena en México se realiza en Baja California, particularmente en Ensenada y Tecate, según datos proporcionadas por Semarnat.

Tan sólo en el municipio de Tecate, por ejemplo, existen 40 concesiones para extraer arena particularmente en la zona de Valle de las Palmas, de la cual en una hora salen un promedio de 20 a 25 góndolas de 10 metros desde las 06:00 hasta las 20:00 horas.

Según estadísticas de la Comisión Nacional del Agua (CNA) en Baja California hay un total de 73 concesiones para la extracción de pétreos, de las cuales 39 son en Ensenada, 26 en Tecate, 7 en Tijuana y solamente una en Mexicali.

En el caso de Tecate las cifras proporcionadas por la CNA no concuerdan con el listado de 40 concesiones que tiene en su poder el delegado en Valle de las Palmas, Enrique Reyes, y del cual tiene una copia este medio.

La CNA otorga las concesiones a los particulares una vez que la Semarnat hace el estudio de impacto ambiental y da una anuencia para que se pueda extraer arena en determinada zona del estado.

Por otro lado el investigador de la UABC Alberto Tapia Landeros subrayó que las concesiones que otorgan las autoridades federales son demasiadas a comparación del número de inspectores que tienen para supervisar que los concesionarios respeten los límites.

“El gobierno federal incluso otorga concesiones sin medida a propósito, pues con eso se justifican de que hay muy pocos inspectores para vigilar y no existe el control. En países como España por estas acciones tienen el concepto de que el gobierno de México es un depredador del medio ambiente”, explicó.

El investigador del Cicese, Rogelio Vázquez Fernández comentó a este medio que la cifra de que Baja California es uno de los estados en donde más se extrae arena no debe significar una alarma para la población, pues el principal problema no es que se otorguen las concesiones para explotar pétreos sino la falta de supervisión una vez que se dan.

“Si la concesión indica que tienen un límite de determinados metros para explotar esta arena en los lechos de los arroyos es común que los concesionarios agarren más espacio y es lo que se debe de cuidar”, expresó.

Uno de los efectos negativos del fenómeno es que el nuevo lecho del arroyo queda por debajo del máximo nivel del acuífero y eso aumenta la posibilidad de contaminación por evaporación.

“Lo que sucede es que el cauce se convierte en dren del acuífero, el agua subterránea se expone a la superficie y hay más vulnerabilidad a la contaminación”, agregó.

Según el especialista uno de los factores que propició este auge en la extracción de arena en Baja California, fue que en el vecino estado de California el gobierno prohibió que se explotaran los bancos de arena en su territorio, razón por la cual se empezó a exportar el pe’treo de poblados de Ensenada y Tecate hacia San Diego principalmente.

Si no miden impactos podría haber graves consecuencias: Legisladores

Aun cuando el gobierno del Estado a través de Ecología y del propio mandatario estatal ha hablado de controlar la extracción de arena en la entidad, al ser de orden federal las zonas que se encuentran dentro de arroyos se han otorgado más concesiones en los últimos años.

En lo que va del 2006 la CNA sólo ha otorgado un permiso de concesión, el cual fue a nombre de Luis Hernando Cervantes Limón, sin embargo del 2004 hasta la fecha se dieron 40 de las 73 concesiones que hay actualmente en la entidad, las cuales todas son para comercializar el pétreo a nivel local y en Estados Unidos.

El senador del PRD Ricardo Gerardo Higuera manifestó el pasado 14 de marzo durante sesión que las últimas estadísticas que ofreció Semarnat respecto al problema fueron en el 2002, donde aparecía que el 48% del volumen concesionado se daba en Baja California y que el 40% de la arena iba a dar a Estados Unidos y Japón.

A consideración del legislador la Semarnat debe revisar las concesiones otorgadas a fin de acabar con la extracción inmoderada de arena, las cuales operan sin control y sin supervisión estricta de las dependencias federales.

“Sería además necesario que los gobiernos estatal y municipal de aquella entidad integraran una comisión de seguimiento del problema de explotación con participación de académicos de la UABC y el Cicese”, sugirió.

Los diputados locales Adrián Gallegos Gil y Elías López Mendoza propusieron un punto de acuerdo con carácter de urgente el pasado 20 de abril, respecto al tema de la explotación de pétreos en los cauces de los arroyos del estado.

Según Gallegos Gil, que es legislador por el Partido Verde Ecologista, algunos efectos negativos que trae la extracción desmedida de arena es que se incrementa la vulnerabilidad de contaminación, además que se pierde la capacidad de almacenamiento de agua subterránea.

“Otro de los efectos es la destrucción de los ecosistema, con lo que se afecta a la flora y fauna, así como a numerosas especies de aves migratorias. Por otro lado el suelo pierde alto contenido de nutrientes que se encuentran en los márgenes de los arroyos”, agregó el diputado.

Gallegos Gil y López Mendoza solicitan un acuerdo en el la CNA proporcione el listado de concesiones para extraer material pétreo en el estado, además que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) entregue el reporte con las inspecciones realizadas a todos los concesionarios.

“La idea es que también muestren las denuncias presentadas y las sanciones. El tercer punto es que Semarnat informe detalladamente sobre las empresas que extraen pétreos, las que han solicitado el manifiesto de impacto ambiental y la respuesta de la Secretaría”, puntualizó.

Mientras tanto, ya en el 2003 la entonces diputada federal del Partido Verde Ecologista, Olga Patricia Chozas, demandó ante el Congreso de la Unión que si bien la extracción de arena no es irregular porque tanto CNA como Semarnat dieron los permisos, sí es ilegal que hayan dado las concesiones las dependencias federales sin realizar previamente ningún estudio de impacto ambiental.

No hay legislación en la materia: Tapia Landeros

A pesar de que en México se realiza la extracción de arena de manera regular y que Baja California concentra gran parte de esa actividad no hay ninguna ley que contemple la regulación en la explotación de pétreos, informó el investigador de la UABC, Alberto Tapia Landeros.

En entrevista con este medio el ambientalista hizo hincapié en que la arena es un recurso no renovable y solamente se podría aplicar lo que dice la Ley General de Equilibrio Ecológico referente a que ese tipo de recursos deben explotarse de tal manera que no se agoten.

“No hay ley, no hay norma, no les preocupa este tema, lo minimizan las autoridades federales y nadie le quiere entrar a frenarlo. Ecología del Estado ha tratado de intervenir sin embargo este asunto es de cuestión federal’, señaló.

A juicio del investigador no ha habido mucha transparencia en este tema, pues poco se sabe de quiénes tienen las concesiones y a dónde se exportan.

Refirió que se maneja extraoficialmente que la góndola de arena es comprada en Estados Unidos por 6 mil dólares, además que los impuestos de exportación son muy bajos, por lo cual se debe frenar ese aspecto.

“Para consumo local si hay que proveer pues las ciudades están creciendo mucho en el estado, pero se debe frenar la exportación, se trata casi de un delito de traición a la patria el desequilibrar nuestro ecosistema para venderle los recursos a otro país”, consideró.

Tapia Landeros ya había dilucidado hace años que las intenciones de congresistas norteamericanos como Bob Filner y Duncan Hunter de crear una red ferroviaria de Ensenada hasta San Diego con supuestos fines comerciales, no era sino una estrategia para transportar toneladas de arena hasta California.

A fines de los 90 en el vecino estado el gobierno aplicó restricciones para la explotación de bancos de arena en sus arroyos y costas, por lo cual prácticamente en la región se hicieron dependientes del pétreo que se extrae en Baja California.

“Fueron varios comunicados y faxes en los que descubrí las intenciones de los congresistas y de una empresa llamada Baja Sand Company, la cual está interesada en contratar con el gobierno mexicano el saqueo de arena a largo plazo. No sabemos si realmente exista ese contrato ni qué socios mexicanos o autoridades estén metidos en esa compañía”, detalló.

Con respecto al trabajo de las autoridades según el investigador, Profepa es la dependencia que más ha trabajado, pues clausuró más de 70 empresas en los últimos años aunque la CNA y Semarnat poco han informado o justificado las concesiones desmedidas.

Un ejemplo de las empresas que han sido sancionadas por Profepa, dijo el investigador que Amaya Curiel y Compañía, que fue la que construyó el penal de El Hongo, fue clausurada cuatro veces pero vuelve a obtener permisos.

Previamente, en el año 2002 la dipuatda federal del Partido Verde, Olga Patricia Chozas ya había acusado a la compañía de ser partícipe del saqueo de arena, aunque después la CNA argumentó que sí tenían permiso.

Tapia Landeros sostuvo que si la extracción desmedida continúa seguramente habrá un ecocidio en Baja California aunque no se sabe cuándo se podrían empezar a ver las consecuencias negativas.

Los aspectos más graves serían que la arena al tener la función de frenar el agua y filtrarla para alimentar a la poca fauna que existe en el desierto dejaría de filtrarse y moriría el hábitat además de provocar erosionar el lecho de los arroyos.

Con ese tipo de alteraciones hídricas, según Tapia Landeros, se generarían lluvias inesperadas que provocarían inundaciones o en su defecto sequías prolongadas.

“Habría menos lluvias y más calor, se acabaría con la flora y la fauna de gran parte de Baja California y provocaríamos alteraciones serias en el paisaje. Lo más grave es que para formarse bancos de arena deben pasar millones de años”, enfatizó.

Un ejemplo de lo que ha ocurrido con la extracción de arena está en la carretera a San Felipe a la altura de la colonia La Puerta, dijo, donde han quedado grandes hoyancos en los que después crecieron pinillos salados que no permiten que las otras especies se desarrollen, además de que los agujeros han sido utilizados como basureros.

Otro de los riesgos es que los primeros 10 centímetros de la capa de arena son los que tienen los nutrientes principales, además que al sacar la arena pueden destruir semillas de plantas, huevecillos de insectos o reptiles, además de madrigueras de roedores.

“Después de esos 10 centímetros sólo quedan algunos minerales en la arena y agua, es arena que ya no se aprovecha y que no funciona para mantener el hábitat. Si seguimos así generaremos un desequilibrio ecológico’, agregó.

Se castiga poco el saqueo de arena

A pesar de que extraer arena sin permiso es un delito federal poco se castiga, pues la mayor parte de quienes explotan pétreos cuentan con los permisos de Semarnat y CNA, además que el delito no se clasifica como grave en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Algunos casos terminan con la clausura de la empresa, pero hay otros que requieren acción penal y en los que la PGR interviene como sucedió en mayo del 2004, donde la dependencia arrestó a Ignacio Valencia Mermejo por sacar arena sin haber actualizado los pagos de su concesión.

En la causa penal 44/2004 la empresa denominada “Arena y Triturados del Valle” fue denunciada ante el Ministerio Público Federal por la Profepa, debido a que extraían arena en Tecate sin haber renovado la concesión ni pagar los derechos correspondientes.
En esa ocasión una góndola de la empresa fue sorprendida en el bulevar Nuevo León de Tecate cuando transportaba arena, sin embargo Valencia Mermejo agredió a los agentes federales y mostró una charola del Congreso de la Unión al decir que era asesor en materia social del legislador Armando Rangel Hernández.

A pesar de presumir sus influencias fue trasladado al Cereso de La Mesa en Tijuana donde permaneció internado a disposición del Juez Noveno de Distrito, quien le otorgó la libertad bajo caución con el pago de una fianza.

La otra averiguación penal de la que se tiene registro ocurrió en el 2002 cuando la diputada federal del Partido Verde Ecologista Olga Patricia Chozas denunció la presunta explotación ilegal de bancos de arena en Ensenada.

En aquella ocasión la PGR en la averiguación previa 604/01 solicitó a la CNA las listas de las empresas que tenían concesión, donde pudieron determinar que menos de la mitad solamente tenían el permiso correspondiente.

Sin embargo al ponerse en contacto con la Profepa, esta dependencia informó a la PGR que las demás ya habían sido obligadas a tramitar su concesión y a quienes incurrían en varias faltas se les clausuró o se les suspendió temporalmente.

Dejan concesionarios sin agua y con enfermedades a Valle de las Palmas

En la zona urbana de Tecate y en la carretera rumbo a la colonia Hindú de ese municipio ya es común para sus habitantes ver el ir y venir de góndolas que cargan o van por arena al poblado Valle de Las Palmas.

A unos 20 minutos de Tecate, el pueblo en apariencia luce casi fantasmagórico. La entrada tiene una gasolinera abandonada y una tienda clausurada. Al lado está una de las entradas al poblado desde donde se empieza a ver a distancia una nata de polvo.

Ese paisaje es la cotidianeidad de Valle de las Palmas, donde los niños evitan al máximo jugar al aire libre o acudir al parque que está frente a la escuela, el cual luce bien cuidado pero prácticamente solo.

La causa: Todos los niños del pueblo padecen de alergias y enfermedades de la garganta a causa del polvo de arena que se levanta todos los días, según los pobladores.

Según el listado de concesiones para extracción arena en Valle de las Palmas hay 13 compañías que tienen permiso para explotar pétreos.

El delegado municipal Enrique Reyes informó que la arena de Valle de Las Palmas es 97% pura y esa es la razón por la cual es codiciada y comercializada.

“Ya hemos intentado gestionar que frenen la extracción o que al menos los concesionarios no se pasen del límite, pues prácticamente todos se han pasado, pero no hemos podido, las autoridades federales no nos han dejado intervenir”, explicó.

Según el delegado son ya casi 15 años que lleva el saqueo de arena en esta zona y donde el principal malestar de la población ha sido que no se ha visto ningún beneficio económico para el poblado, sino por el contrario los concesionarios no han cumplido en pavimentar las calles principales ni han beneficiado en algún otro rubro.

Señaló que otro de los principales miedos de los habitantes es el peligro que hay de escasez de agua con la extracción desmedida, pues además que se han pasado de los límites que les dieron en los permisos, han provocado que los mantos freáticos al exponerse se empiecen a secar y sean más vulnerables a la contaminación.

A su juicio si llega a haber en un futuro fuertes lluvias gran parte de Valle de Las Palmas se inundaría e incluso podría cobrar vidas si las lluvias fueran muy fuertes.

“En 1980 se dieron unas lluvias muy fuertes en la zona si eso volviera a pasar habría una tragedia, pues están dejando sin márgenes los lechos del arroyo”, comentó.

Según Enrique Reyes, el problema en este pueblo es que todo completo es un banco de arena, por lo que en cualquier lado que escarben podrán extraer el pétreo hasta dejarlos sin nada.

Cambio climático

Xavier Ogaya Ribo
19/05/2007
El Pais

Siempre he creído que el sentido común debía de ser el camino a seguir, creo que la humanidad hace constantes progresos para promulgar leyes en favor de los derechos de las personas, y pienso en la ética como un paso previo a la libertad. Creo que para poder desarrollar el sentido común hay que tener conocimientos e inteligencia, y puestos estos ingredientes mezclados con una dosis de experiencia se debería acertar en las acciones.

Si tenemos en cuenta las predicciones de numerosos científicos (algunos antes contrarios a ellas, ahora convencidos), el cambio climático ya no es una hipótesis, ya no son un conjunto de conjeturas; es una realidad, que se avecina con paso firme y que con mayor o menor lentitud, con más o menos fuerza e intensidad, nos acabará atrapando.

Es deducible (por el sentido común) que si no optamos por cambiar nuestra forma de vida, estamos errando gravemente en nuestro camino hacia lo que en definitiva es nuestra libertad, ya que sin vida no existe ésa.

Es incoherente seguir gastando el petróleo de esta forma, quemando carbón, y creo que las clases dirigentes deben buscar las formas de detener este proceso, el cual está acelerando los riesgos de sufrir la que puede ser mayor catástrofe de la humanidad.

No sé si es aventurado pensar que, así como se hizo con los derechos humanos, habría que hacer una declaración universal sobre la protección del medio ambiente, aunque quizás presupone a modo grosso ir en contra de los intereses globales de la economía de mercado que impera en el primer mundo.

La protección del planeta es antitética con el progreso económico tal y como se está desarrollando en la actualidad. Si seguimos así, podemos estar cerca de un camino sin salida.